Sentencia La Raza

El Contencioso ratifica el cese de la concesión a La Raza del Parque

  • El restaurante tiene dos semanas para recurrir el fallo y mantenerse en las instalaciones.

Fachada principal del restaurante La Raza, enclavado en el parque de María Luisa. Fachada principal del restaurante La Raza, enclavado en el parque de María Luisa.

Fachada principal del restaurante La Raza, enclavado en el parque de María Luisa. / Juan Carlos Muñoz

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Nuevo revés judicial para La Raza. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Sevilla ha rechazado el recurso presentado por los responsables del restaurante contra la resolución dictada por la junta de gobierno del Ayuntamiento en la que se acordó la extinción de la concesión de la explotación del establecimiento enclavado dentro del Parque de María Luisa al expirar el plazo concedido. El magistrado otorga en el fallo un plazo de tres meses a la propiedad desde la recepción de la notificación para que desaloje las instalaciones, y proceda a su entrega al Ayuntamiento con todos sus enseres. La Raza cuenta con quince días para presentar un recurso de apelación.

Los dueños del histórico establecimiento solicitaron en su recurso "la conversión del contrato de arrendamiento en concesión previo procedimiento en el que se establezca el plazo de la misma atendiendo a los plazos reglados para las concesiones, que son los 50 años que establece la Recomendación-Instrucción de la junta de gobierno local aplicable en 1972, y el límite máximo de 75 años". El magistrado no comprende la solicitud, ya que argumenta que son diversas las normas que impiden atender la petición de La Raza, y entiende que la recurrente no ha sido una concesionaria legal en todo el tiempo.

El grupo hostelero sigue realizando su actividad con un contrato de renta antigua

La defensa de La Raza presentó que, en el caso de que no se admitiera mantener la concesión por el plazo de 50 a 75 años, se declare el derecho a ser indemnizados por la lesión a la confianza legítima en al menos 1,6 millones, y puedan mantener la ocupación del local hasta que finalice el concurso de licitación. El magistrado señala que no consta en el expediente que se haya efectuado una solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, por lo que no ha resuelto nada al respecto. Añade que la parte recurrente insistió en su escrito de conclusiones en la cantidad solicitada en la demanda sin tener en cuenta que la prueba pericial practicada a su instancia hizo otras estimaciones muy diferentes.

La Raza cuenta con quince días para presentar un recurso de apelación. En el caso de que no recurra, el Ayuntamiento tiene previsto sacar a concurso una nueva licitación para su explotación. Los técnicos estudian las fórmulas para subrogar todos los puestos de trabajo del restaurante. No sólo eso. El gobierno socialista tiene en proyecto que la subrogación obligatoria de los empleados aparezca en los nuevos pliegos de los contratos.

El acuerdo del gobierno municipal del 8 de julio de 2016, en el que emplazó a La Raza al desalojo voluntario en tres meses, desestimó el recurso de reposición presentado por la empresa, que reclamaba que la concesión se extendiera hasta el año 2022, al entender que el 2 de mayo de ese mismo año expiró la última prórroga del arrendamiento suscrito en 1972 entre el Ayuntamiento, como titular, y José Rodríguez Cala, como fundador del negocio. Este acuerdo se fue prorrogando desde entonces y al mismo se subrogaron sus descendientes. Los propietarios del negocio pidieron que se reconozca esa concesión hasta que, al menos, finalice el plazo de los 50 años desde que se inició el contrato. También alertaron del grave perjuicio para los 400 empleados del grupo La Raza.

La empresa hostelera viene desarrollando su actividad con un contrato de renta antigua, por el que paga una cantidad que dista mucho del precio de mercado: el Ayuntamiento señaló en su día que percibía 200 euros por el alquiler y la empresa lo eleva a 1.500 euros, al incluir diferentes conceptos. A otros establecimientos les ha ocurrido lo mismo, por cuanto la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) les ha obligado a renegociar las condiciones o a buscar otras instalaciones.

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