SEVILLA no fallará". El alcalde, Juan Ignacio Zoido, reiteró el jueves con esta rotunda frase su intención de asumir, incluso en solitario, con todos los riesgos asociados, el liderazgo de organizar la final de la Copa Davis que se celebrará en el Estadio de la Isla de la Cartuja la primera semana de diciembre de este año. El reto -organizar un evento deportivo de impacto internacional- no es menor. Ni desde el punto de vista logístico ni político. Sobre todo si se tiene en cuenta que, además de ser la primera gran puesta en escena en la que podrá evaluarse la capacidad de organización de la ciudad durante el mandato del nuevo gobierno local, las condiciones jurídicas que ha tenido que aceptar el Consistorio hispalense para hacerse con dicha nominación oficial frente a Valencia son bastante estrictas. Casi se diría leoninas.

El Ayuntamiento, que cifra en algo más de dos millones de euros el coste global del operativo (extremo éste que todavía está por aclarar), confía en recuperar la inversión que tendrá que acometer gracias a patrocinios privados y, aunque esta cuestión también está abierta, con la venta de parte del aforo disponible, que podría sumar alrededor de 14.000 entradas. La tesis oficial es que los beneficios económicos que reportará este evento deportivo -en términos de imagen y proyección exterior para Sevilla- compensarán el esfuerzo que, salvo novedad de última hora, sólo va a correr a cargo de las arcas municipales.

Ninguna de las otras dos administraciones que en 2004 ayudaron al municipio a organizar la final precedente -Junta de Andalucía y Diputación Provincial- han mostrado demasiado interés en repetir una posible fórmula de colaboración. La ausencia de la Corporación Provincial se da por descontada. En el caso de la Junta de Andalucía, la administración autonómica únicamente se ha comprometido a colaborar en la promoción del evento (si se respetan ciertas condiciones), lo que implica que en el caso de que se llegase a un acuerdo tan sólo financiaría una mínima parte de los gastos de organización. El peso del gasto será pues municipal. De todos.

La discusión entre ambas instituciones -gobernadas ahora por partidos distintos- ha salido ya del terreno de la cordialidad epistolar para empezar a convertirse en un motivo más de confrontación política. Hay un hecho indiscutible: en 2004 hubo apoyo institucional en favor del Consistorio sevillano, cosa que ahora se antoja prácticamente imposible, bien sea por el actual escenario de crisis o por otro tipo de motivos. El PP habla ya de un "boicot" a Sevilla.

El dinero, como siempre, nunca es una cuestión secundaria. Dadas las condiciones que ha aceptado el gobierno local de Zoido, la organización de la final de la Davis va a ser sufragada íntegramente por el "organizador local" -Sevilla- aunque las decisiones claves (desde el precio de las entradas a las empresas que se contratarán) no saldrán de la órbita de la Federación Española de Tenis. Sevilla paga, la Federación decide.

De entrada, el canon neto que tendrá que pagar la ciudad a esta institución deportiva será de un millón de euros, sin contar el IVA. Es el precio oficial por acoger el certamen. A este importe hay que sumar además todos los gastos derivados de la organización, que no son objeto de negociación, sino un paquete global de exigencias que la ciudad ya ha asumido al optar a la designación. Entre ellas figuran lógicamente la adecuación del recinto deportivo y la instalación de las gradas y todos los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para acoger un evento deportivo de esta magnitud. El Consistorio tendrá rango oficial de promotor de la final (junto con la Federación) pero su margen real de decisión en realidad es bastante limitado. Por no decir ciertamente escaso.

La ciudad, tal y como se recoge en el corpus jurídico que regula la organización del evento, deberá tener preparado el Estadio de la Cartuja "un mes y medio antes de la celebración de la final", costear todos los suministros y consumos durante el periodo de obras y pagar la limpieza y la seguridad de las instalaciones, aunque será la Federación quien "designe a los industriales que considere oportunos para llevar a cabo estas acciones". El cometido municipal no sólo es de índole organizativa, sino esencialmente económico: pagará el coste de conversión de Estadio de la Cartuja, todas las zonas auxiliares necesarias para el evento (gradas, palcos, etcétera), la factura de todo el personal técnico y de mantenimiento, los gastos de limpieza, agua, luz y gas (tanto en el recinto como en las oficinas de la organizadora) y, en general, todo lo relacionado con la logística.

El Consistorio tendrá también que construir en las instalaciones elegidas una zona VIP oficial con capacidad mínima para 3.000 invitados. Será la Federación la que elegirá a la empresa que asumirá este servicio y quien decidirá su régimen económico. El Ayuntamiento tendrá incluso que comprar a esta entidad deportiva los tickets de catering que requiera para cubrir sus propias necesidades. En el capítulo de movilidad, el Ayuntamiento debe poner a disposición de la Federación 30 vehículos más un número (ahora indeterminado) de autobuses y minibuses, 20 chóferes, zonas acotadas de aparcamiento, un sistema de comunicación propio y pagar el diseño y los gastos de seguridad, salvo el sueldo del máximo responsable del operativo, que será designado sólo por la Federación.

El protocolo será otro coto vedado de la institución deportiva. Será la Federación quien "decida sobre los compromisos principales indispensables para la competición y ajenos a las asignaciones particulares de cada parte". El Ayuntamiento se limitará sólo a pagar. De forma directa tendrá que organizar por su cuenta los actos oficiales del sorteo de los partidos (un aperitivo para 200 personas), las presentaciones de los dos equipos, la cena oficial (400 personas) "en un local magno de la ciudad" -deberán excluirse los hoteles que compitan con los posibles patrocinadores internacionales- y todos aquellos costes relativos al catering.

El alojamiento. Diez días antes del certamen, el Ayuntamiento pagará 500 habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas para acoger a las delegaciones. De ellas, 20 serán para el equipo español, que elegirá directamente el establecimiento que prefiera. La factura la paga Plaza Nueva. El voluntariado también correrá por cuenta del Consistorio, tanto lo que se refiere a su selección, mantenimiento y vestuario.

El factor comercial

Además de un reto organizativo, la final de la Davis es un gigantesco negocio. De ahí que el acuerdo que firmarán Ayuntamiento y Federación regule al detalle cómo se realizará la explotación comercial del evento. El precio de las entradas (un factor clave para que la ciudad pueda recuperar parte del dinero que se invertirá) lo decidirá la Federación, que se reservará para uso propio hasta 700 abonos. El Ayuntamiento tendrá 200 de primera categoría y 100 de segunda. Se repartirán en función de los compromisos institucionales.

Los ingresos que se obtengan por taquilla los ingresarán Federación y Ayuntamiento, aunque no a partes iguales, sino en una proporción de 6 a 4, descontando los asientos no veniales. Ésta es la única vía para recuperar la inversión. Las contraprestaciones que obtendrá Zoido a cambio de financiar toda la organización del evento (sin contar la publicidad) sólo son de índole protocolaria (invitaciones vip, palcos, abonos), presencia en el programa oficial, inclusión del logo municipal, descuentos si compra el 10% de las entradas y un stand comercial. La gestión de las zonas comerciales también está regulada: será la Federación la que elija qué empresas estarán. Sí hay una norma: "Las empresas locales no podrán tener stands de productos competitivos con los patrocinadores internacionales". Y algo más: si Zoido quiere escribir el nombre de Sevilla (o el de Andalucía) en la pista de juego, tendrá que pagar un extra. Cosas del deporte.