Denuncian a tres policías nacionales tras el archivo del caso del 'petardazo'

Dos policías locales de Sevilla han presentado una denuncia contra tres funcionarios de la Brigada de Información de la Policía Nacional, a los que atribuyen la presunta autoría de delitos de prevaricación, abuso de autoridad y detención ilegal, en relación con las decisiones que adoptaron en el marco de la investigación que se inició tras el petardazo que hirió levemente a dos personas durante una protesta sindical que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2010.

La denuncia se dirige, en principio contra los tres miembros de la Brigada de Información -entonces dirigida por el actual delegado de Seguridad y Movilidad en el Consistorio, Demetrio Cabello- que realizaron la instrucción del atestado que posibilitó la imputación de estos policías locales e incluso la detención de uno de ellos como si se tratara de "un terrorista o un peligroso delincuente" por unos hechos que no constituían ningún delito.

La base de la denuncia de los policías locales contra, en principio, estos tres policías nacionales, consiste en que actuaron "con total dolo y mala fe" para elaborar un informe en el que se "extralimitaron gravemente y de forma ilegítima, llegando a idear maquiavélicas argucias y engaños" para que los agentes confesaran unos hechos de los cuales eran inocentes y por los que el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla dictó un auto de archivo sin ni siquiera tomarles declaración como imputados.

El abogado Manuel Risueño, que representa a los policías locales, sostiene en la denuncia precisamente que los agentes no participaron en el lanzamiento del petardo y no había ninguna base ni indicios mínimos de que hubieran cometido un delito, por cuanto incluso las dos personas heridas no presentaban la gravedad que requiere la consideración de delito.

A pesar de que, según los denunciantes, los funcionarios de la Brigada de Información conocían estos extremos, se elaboró un atestado "falso e irreal en cuanto a la gravedad de su trascendencia y lesiones". Para el letrado es significativo que los funcionarios de la Brigada de Información aludían siempre a que "seguían las instrucciones de sus superiores", por lo que Risueño señala que desconoce "los nombres, datos o referencias de dichos cargos o mandos, si son policiales o políticos".

Por ello, los policías locales reclaman al juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla, en el que ha recaído la investigación, que averigüe todos los posibles partícipes de lo ocurrido, sobre todo los "autores e inductores del atestado o informe policial, así como de las personas y funcionarios que ejecutaron las tres graves imputaciones y la detención" posibilitadas con un atestado de "carácter sumarísimo e inquisitorial", que según los denunciantes sólo contiene conjeturas, falsas e inciertas que traspasa la realidad de los hechos leves que sucedieron y que les ha sometido a una "pena de banquillo" siendo absolutamente inocentes.

Los policías locales insisten en que mucho antes de que se practicara la detención de uno de ellos y la imputación de los delitos "todos los mandos e instructores" de la Brigada de Información conocían y disponían de los partes médicos y de la documentación sanitaria de las dos personas heridas por el petardo: el que fuera fotógrafo del gabinete de prensa del Ayuntamiento y una integrante del servicio de prensa de Izquierda Unida.

Manuel Risueño concluye en su denuncia que la actuación policial traspasó los límites de la investigación profesional, por cuanto los dos policías locales fueron "meros espectadores sacrificados en una lucha sindical o política, bien en el seno del Cuerpo de la Policía Local o bien dentro del Ayuntamiento". Sólo desde esta perspectiva, continúa, pueden entenderse como unos "experimentados policías" de la Brigada de Información, que son "especialistas en criminalidad cualificada, pudieran cometer tan lamentables e ilegítimas actuaciones policiales".

De la misma forma, considera que esa motivación es la única que puede explicar los "espurios motivos que impulsaron las actuaciones ya acometidas por los instructores de la Brigada, los cuales presuntamente pretendían siguiendo órdenes de la superioridad, enviar un mensaje directo al colectivo de funcionarios de la Policía Local, sin recaer ni sopesar que todos los posibles sacrificados y perjudicados, ahora denunciantes, eran y son personas y tienen familias, no siendo ni cargos políticos ni mandos policiales".

La denuncia solicita que se cite en calidad de imputado y "a la espera de otros posibles autores", a los tres instructores que emitieron el informe policial, que imputaron un delito de omisión de impedir la comisión de dos delitos a uno de los agentes y que, a su vez, detuvieron e imputaron dos delitos de lesiones basándose en unos partes médicos que descartaban la naturaleza delictiva.