La Policía Nacional ha desmantelado una organización que regentaba hasta seis clubes de alterne en cuatro provincias y que se ha saldado con la detención de 17 personas, aunque hay otros nueve imputados, según confirmaron fuentes judiciales. La investigación, que coordina el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, se inició hace dos años, tiempo en el que se han practicado numerosas escuchas telefónicas, lo que ha motivado que la causa estuviera bajo secreto de sumario hasta ahora, y culminó el pasado domingo con la práctica de 17 registros en seis clubes de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, así como en los domicilios de los implicados y de las empresas vinculadas a la red.

Entre los detenidos se encuentran el ex concejal del PSOE de Ayamonte, Carlos Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio de esta localidad, Javier González. Todos los imputados permanecen en libertad con cargos, tras haberse acogido a su derecho a no declarar.

A los distintos detenidos e imputados se les atribuyen en principio y en distinto grado hasta ocho delitos: relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, tráfico de influencias, cohecho y trata de seres humanos.

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla ha asumido la investigación y ha solicitado la retirada del pasaporte y del DNI a los implicados para que no puedan abandonar el país, medida que acordó el juez del caso, que también les ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

La investigación policial fue desarrollada por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, que considera que la cúpula de la organización criminal desmantelada estaría integrada por al menos cinco individuos, identificados como Ángel R. P., Emiliano C. C., José Antonio L. J., José María F. G. y José A. P., confirmaron las mismas fuentes.

El primero de estos detenidos, Ángel R. P., según los investigadores, controlaba los clubes Los Daneses, OH Palace y Platinium, mientras que José María F. G. hacía lo propio con el Colores.Lo que caracterizaba a la organización criminal desmantelada era el hecho de que habían creado un auténtico "entramado societario" compuesto por distintas entidades mercantiles que actuaban bien como empresas explotadoras de los clubes o para blanquear las ganancias obtenidas en los prostíbulos, o para ambos fines, según explicaron las fuentes consultadas. Estas sociedades habrían sido igualmente utilizadas para "enmascarar" las actividades de los burdeles, puesto que el objeto social de estas empresas siempre eran actividades relacionadas con el negocio de la hostelería.

La organización tenía estructurada una jerarquía para su funcionamiento. Así, cada uno de los seis clubes registrados, que ya han sido clausurados, contaba con un miembro de la organización que ejercía las funciones de contable, encargándose tanto del pago de las nóminas a los miembros de la red como del control de los servicios sexuales -denominados "pases" en el argot criminal- y el pago a las mujeres que eran objeto de explotación.

Por su parte, los responsables de los clubes tenían encomendadas, entre sus funciones, la supervisión de la recaudación diaria y el número de "pases", así como la concesión de nuevas "plazas" -una especie de autorización que otorgaban para ejercer la prostitución en los clubes de la red- y la contratación del personal necesario para el funcionamiento de los locales.

La integración de los clubes en la organización era tal que incluso en algunos casos se traspasaron empleados de unos locales a otros.

El juzgado también investiga posibles delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, y los investigadores han detectado incluso movimientos extraños, como es el caso de la empresa Lexor Inversiones, que facturó dos millones de euros por la compra de 36 bienes inmuebles, entre ellos 17 naves industriales y 19 aparcamiento en el polígono Las Quemadas de Córdoba.

Entre los 26 imputados hay dos jóvenes, María y Carmen O. A., que son hijas de Antonio O. C., que según la Policía dirigió la organización criminal desmanteladas hasta que falleció, en febrero de 2011. Tras su defunción, la red pasó a estar controlada por sus anteriores socios, aunque las hijas del antiguo cabecilla heredaron tanto las participaciones en las sociedades del entramado empresarial como su porcentaje en los beneficios de la explotación de las víctimas, si bien posteriormente transfirieron parte de esta herencia a distintos miembros de la organización.

Entre los implicados también se encuentran tres miembros de una familia que era propietaria de los terrenos donde se ubica el club Los Daneses, en la localidad de Camas (Sevilla). Este club sería el más antiguo de la red de prostíbulos, ya que operaba desde 1996. La Policía sospecha que estas personas, identificadas como María Guadalupe, Carmen y Eugenio O. P., no pertenecen al núcleo duro de la organización, pero sí participan de los beneficios generados por el local, una participación que los investigadores llegan a cifrar en el 12% de los beneficios que generaba el local.

La Policía también investiga a alguno de los imputados por haber introducido dos ciudadanas de República Dominicana, que fueron finalmente localizadas cuando ejercían la prostitución en un club de alterne de Plasencia.

Los 26 imputados en esta macrooperación contra los clubes de alterne se encuentran en libertad, tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante el juez. El abogado Simón Fernández Rebollo, que representa a uno de los detenidos, explicó ayer a este periódico que, como la causa llevaba dos años declarada secreta, todavía están a la espera de conocer el contenido de las actuaciones desarrolladas para "saber exactamente los hechos que se imputan a cada persona".