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Sevilla

Espadas busca un acuerdo de mínimos para aprobar las cuentas

  • El proyecto de ordenanzas fiscales pactado con el PP hace siete meses incluye una reducción del IBI del 5% para los hogares

Espadas presenta junto a Castillo el proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2019. Espadas presenta junto a Castillo el proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2019.

Espadas presenta junto a Castillo el proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2019. / José Ángel García

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Los termómetros no bajan de los 35 grados y los miembros del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y todos los grupos políticos ya cuentan con las líneas generales de los presupuestos y las ordenanzas fiscales para el año que viene. Juan Espadas tiene claro el motivo de la premura con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina: “No vamos a hacer política con los presupuestos”.

Acuerdo de mínimos. Ese es el objetivo que se ha marcado el equipo socialista para sacar adelante con la oposición unas cuentas que están influenciadas por la obligación de incorporar los recursos suficientes para mantener los dos compromisos suscritos con la plantilla municipal para la aplicación de las 35 horas (que comenzará el 1 de noviembre) y para los incrementos tributarios fijados por los Presupuestos Generales del Estado y los propios acuerdos municipales. Su coste será de 30 millones. Aparte de este aumento en el capítulo de personal, se propone un mantenimiento de la inversión pública, del gasto social y de todos los servicios públicos priorizando cuestiones como el empleo, la mejora de los barrios, las políticas sociales, los colegios, las empresas municipales o la recuperación del patrimonio de la ciudad.

Los propietarios que alquilen sus pisos para fines sociales a Emvisesa serán bonificados

“Hay que buscar equilibrios y tratar de que en 2019, pese a ser año electoral, no haya una paralización de toda la actividad. Por eso planteamos un acuerdo a los grupos en torno a prioridades que compartimos”, explicó Espadas. La idea es elaborar un presupuesto de continuidad en el que todos los grupos se sientan razonablemente cómodos. Llamó a la responsabilidad de los partidos para sacar adelante las cuentas antes del 31 de diciembre. Espadas expuso que si se prorroga el presupuesto se perderán 72 millones en inversiones y habrá que abonar igualmente a la plantilla municipal esos 30 millones. “No es un ultimátum, ni un chantaje. De no haber cuentas nuevas, ese montante habrá que sacarlo, pero no será de servicios sociales, limpieza o transporte”, apuntando a otras obras “que necesita la ciudad pero que se tendrían que demorar”.

En cuanto a los precios para la ciudad el año que viene, el proyecto establece un descenso del 5% en el IBI, lo que supone una reducción acumulada durante el mandato del 8%. Puso de ejemplo que una familia con una vivienda con un valor catastral de 50.000 euros pasará de pagar 403 euros al año en 2015 a una cuota de 371 euros al cierre de 2019. Junto a esta medida se propone, aplicando un criterio de progresividad, una reducción del tipo diferenciado que se aplica principalmente a grandes empresas con valores catastrales altos. En este caso la reducción será del 1%. En tercer lugar, plantea situar el ICIO (impuesto de la construcción) en un 3,25%, lo que supone que desde su llegada a la Alcaldía se habrá conseguido una reducción del 16%. Todas esta medidas se encuentran incluidas en el acuerdo para salvar los presupuestos de 2018 que firmaron socialistas y populares a mitad de febrero.

El gasto en personal crece 30 millones por la aplicación de las 35 horas y subidas salariales

Los socialistas proponen la aplicación de una bonificación en el IBI del 95% para aquellos titulares de viviendas vacías en la ciudad que las pongan a disposición de Emvisesa para que sean alquiladas con fines sociales. El resto de tasas e impuestos quedan congeladas.

Espadas sacó pecho por la gestión financiera realizada estos más de tres años y recordó que el año pasado hay 82,2 millones de superávit, frente al déficit de 13,7 millones en 2012 y el superávit de 45,5 millones en 2015 del gobierno de Juan Ignacio Zoido. “Estos datos demuestran la buena gestión y la capacidad de gasto, que no se puede ejecutar por las limitaciones de la norma estatal”, explicó antes de dejar claro que no comparte tener “ahorros forzados en personal”, algo ante lo que va a “pelear también con este Gobierno”. Por último, afirmó que lleva ya varios meses intentando hacer paquetes de inversiones con el superávit del pasado año, pero los requisitos puestos en la “supuesta” flexibilización de la normativa del ya ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hace que “haya tantas trampas y obstáculos que sea muy complicado emplearse”.

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