La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) ha pedido que los Ayuntamientos regulen el funcionamiento de las emisoras de taxis después de que la Agencia de Defensa de la Competencia multase a tres emisoras sevillanas por irregularidades.

En conferencia de prensa, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha lamentado la pasividad de los ayuntamientos de Sevilla y Córdoba, a cuyas emisoras la Agencia abrió expediente sancionador, ante la vulneración de los derechos de los usuarios y por irregularidades como 'listas negras' de clientes, boicot a hoteles y precio pactado.

Tras las denuncias recogidas por FacuaA de más de una decena de usuarios afectados, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía abrió expediente en noviembre de 2008 a las emisoras Radio Taxi, Tele Taxi y Taxi Giralda de Sevilla y las sancionó con 140.222 euros.

En diciembre de 2008 la Agencia incoó expediente sancionador a Radio Taxi Córdoba, por lo que FacuaA está a la espera de si se produce otra sanción similar a la aplicada en la capital andaluza.

Las prácticas denunciadas consistían en la negativa a atender a ciertos usuarios que en alguna ocasión solicitaron un taxi y no esperaron su llegada, aunque el motivo fuese la excesiva tardanza del vehículo, el boicot a hoteles que usaron taxis ajenos a las emisoras y el cobro de un precio pactado de 3,87 euros por trayecto previo desde la petición del taxi hasta el lugar de recogida.

Sánchez ha explicado que no hay un protocolo para el funcionamiento de las emisoras y que debería incorporarse a la ordenanza del taxi ante la desprotección del consumidor.

El portavoz de Facua ha defendido que al pedir un taxi las emisoras deberían informar al usuario del tiempo máximo de tardanza para que el cliente decida si desea el servicio y si por la situación del tráfico el vehículo se retrasase la emisora contactaría con el cliente para indicarle del imprevisto y conocer si aún quiere el vehículo.

Ha añadido que ahora el balón está en el tejado del sector del taxi y que es consciente de que parte de los usuarios no esperan el tiempo suficiente y coge otro vehículo, lo que perjudica al sector, pero que éste no puede actuar con prácticas ilegales como castigar a usuarios o pactar precios.