La Fiscalía pide la imputación de Torrijos por las irregularidades de la Fundación DeSevilla

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla ha solicitado al juez que cite a declarar, en calidad de imputado, al ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la Fundación DeSevilla, según han confirmado fuentes del caso.

El Ministerio Público considera que hay indicios para imputar a Torrijos en la causa, sobre todo a raíz de la documentación que hay en la causa y de la declaración prestada en junio pasado el ex delegado de Economía y Empleo Carlos Vázquez, quien atribuyó al Consistorio el "desbarajuste" en la Fundación DeSevilla al no ser autorizadas ni entregadas "en plazo" las subvenciones concedidas al tiempo que señaló el papel de Torrijos y del ex director gerente de la fundación, Miguel López Adán, en algunos de los expedientes incluidos en la investigación.

La Fiscalía recuerda en el escrito que ha remitido al juzgado de Instrucción número 16 que el portavoz de IU era en la época investigada el responsable de la Delegación de Relaciones Institucionales, de la que dependía la fundación, y precisa que permitió que se siguieran recibiendo las subvenciones sin haber justificado los pagos anteriores. La Fiscalía señala que Torrijos intervino presuntamente, como responsable de esa delegación, en el expediente 98/08, correspondiente a una subvención municipal de 990.000 euros para cooperación internacional y que afectó especialmente a las cuentas de la fundación, porque fue autorizada en 2008 y consumada en 2009 mediante anticipo, pero en 2011 se renunció a su totalidad, pero no se inició el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad ya abonada (742.500 euros), algo que estaría bajo la responsabilidad de la delegación de Torrijos.

Según declaró ante el juez Carlos Vázquez, la cantidad que se entregó fue el 75% del total de la ayuda, esos 742.500 euros, pero "la tramitación y llevanza" de este expediente fue "algo que vinculaba" a López Adán y a Antonio Rodrigo Torrijos como responsable del área de Relaciones Institucionales. En ese sentido, Vázquez culpó al área de Torrijos de las "ampliaciones de plazos" relacionadas con este expediente y negó "facturas falsas" a cuenta de las facturas cuya anulación fue solicitada en el marco de este expediente.

El ex delegado de Economía y Empleo Carlos Vázquez atribuyó en su declaración ante la juez los problemas de la misma al "régimen de subvenciones al que se la tenía sometida", toda vez que las ayudas procedían del propio Ayuntamiento hispalense.

Algunos expedientes relativos a proyectos de cooperación internacional subvencionados por el Ayuntamiento, según manifestó, "provocaban un quebranto en el patrimonio negativo de la fundación, porque las ayudas llegaban tarde y ocasionaban que no se pudieran ejecutar en plazo". "A veces", dijo, hubo que "anticipar el gasto" de dichas ayudas y, finalmente, la ejecución anticipada "no era reconocida como válida". "El responsable era el Ayuntamiento, que no materializaba las subvenciones en fecha ni las concedía tampoco en fecha".

Vázquez, además, atribuyó a López Adán el expediente correspondiente a la adquisición de un horno incinerador en La Habana, toda vez que "ni se ejecutó la subvención, ni se pagó por parte de la fundación, ni se reconoció como deuda". A López Adán le ha achacado también el expediente correspondiente a la adquisición de material informático para la central de trabajadores de La Habana. Sobre los 34.000 euros que Vázquez mismo entregó a López Adán para anticipar los gastos subvencionados de un programa de "becarios saharauis", defendió que ese dinero "lo tomó a préstamo de particulares" y de IU y que el propio López Adán le "devolvió" después el dinero, sin ser consciente de donde procedía el dinero en metálico correspondiente a la devolución.

En noviembre de 2012 cuando el patronato de esta fundación en proceso de extinción elevó a la justicia una denuncia por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos.