El consejo de administración de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) autorizará en su reunión de ese miércoles la firma del convenio entre el Ministerio de Transportes y la Junta que permita abrir de una vez la variante ferroviaria que se construyó entre Estepa y Pedrera para suplir el puente que se cayó en octubre de 2018, en Aguadulce, y que obliga a hacer los transbordos en autobús en ese tramo que conecta Sevilla con Málaga y Granada.

Dicho acuerdo, que se ha demorado durante meses (las obras de la vía, en la que Adif invirtió más de 7,3 millones están terminadas desde marzo de 2019) contempla que se haga una concesión demanial, es decir, que la Junta transmita a Adif la propiedad del trozo del Eje Ferroviario Transversal andaluz sobre el que se ha construido la vía y el Ministerio, a través de Adif, pague por ello.

Las fuentes consultadas no han precisado qué valoración se ha hecho de la infraestructura. Según insisten, se debe fijar mediante un procedimiento de valoración, que se ha establecido en el convenio. Hay una comisión de seguimiento y, salvo que en ésta se acuerden unos porcentajes distintos, Adif pagará en los tres años los siguientes a la "formalización de la transmisión en documento administrativo": un 30% el primer año, un 30% en el segundo y un 40% en el tercero.

Con esta autorización de Adif, se espera que la firma del acuerdo se formalice en breve. Una vez se haya tramitado y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) autorice la puesta en servicio, los nueve kilómetros de vía se podrán abrir, sin esperar a que el pago se haga efectivo.

El tramo pasará a formar parte de la línea convencional Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, integrado ya en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado.

La apertura de la variante ferroviaria además de permitir el restablecimiento al completo de la línea de tren convencional y supone "una mejora de la calidad del trazado, en comparación con el anterior", destacan desde el Ministerio de Transportes, que recuerda que a estas mejoras se suma la supresión de siete pasos a nivel.

"El acuerdo alcanzado vendrá a dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de las comarcas afectadas que han reclamado el restablecimiento de los citados servicios, dando así mismo, satisfacción a las necesidades sociales de mejorar la calidad y la seguridad del servicio que se presta a los usuarios del ferrocarril", añade el departamento que dirige José Luis Ábalos.

Una compleja negociación, con cruce de acusaciones

Sobre la demora, el ministerio insiste en que el acuerdo inicial alcanzado entre Adif y la Junta, a través de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, con una cesión de uso temporal en enero de 2019 que permitió las obras no era suficiente para la circulación de los trenes.

Era necesario que el tramo de plataforma (el suelo) construido por la comunidad autónoma se integrase en el patrimonio de Adif, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario, para afectarlo como bien de dominio público al servicio ferroviario.

Las negociaciones para alcanzar el acuerdo encontraron obstáculos legales, dado que la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no incluye instrumentos que permitan una mutación demanial con transmisión de la titularidad.

Por ello, según el ministerio, ha sido preciso optar por la desafectación de la infraestructura y su posterior transmisión, que además debería ser onerosa por lo establecido en la citada Ley. Esto implicaba una compensación económica para la Junta, recogida en el texto del acuerdo.

"En este contexto, los equipos negociadores de Adif y de la Junta de Andalucía han debido conveniar una solución que desbloquease las dificultades administrativas ya comentadas", señalan.

Desde la Junta se insiste que la concesión demanial es la que la Junta planteó y Adif ha aceptado finalmente. A la firma del convenio, Adif ya podrá disponer del tramo para restablecer el servicio. Ahora mismo se tramita la firma del convenio, que regula tanto los requisitos de la transmisión patrimonial como el procedimiento de valoración posterior para el pago. "Por tanto, no podemos precisar cuál será dicha cuantía", se insiste desde la administración autonómica.

El cierre de la vía y los transbordos en autobús han supuesto un importante sobrecoste para Renfe y han centrado parte de las denuncias de las plataformas en defensa del tren en la comarca y del tren rural en Andalucía, que alertan de un progresivo desmantelamiento o abandono de la red convencional de tren. Las complicaciones para viajar por esa zona han supuesto también un merma de usuarios en ese servicio, antes del estado de alarma.