El proceso de regulación de las casas de apuestas en la capital salió adelante con los votos a favor en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla tanto del PSOE como de Adelante Sevilla, grupo de la oposición que dio su apoyo advirtiendo que intentaría introducir mejoras, pues consideraba que la propuesta se quedaba corta.

Con esta intención, el concejal Daniel González Rojas, en representación de Izquierda Unida, ha presentado ya sus alegaciones a la modificación del PGOU prevista para frenar la proliferación de estos salones de juego que se inició después de encontrar el gobierno municipal una vía legal que evitaba confrontar con la Junta de Andalucía, que había advertido anteriormente de un conflicto de competencias. 

En concreto, IU solicita que se duplique la distancia fijada entre estos negocios y los centros educativos. "Sin llegar al régimen de distancias de 500 metros que el secretario general rechaza en su informe por suponer la prohibición de establecimiento, sí proponemos que al menos se amplíe la distancia inicial de 150 metros hasta los 300 metros", se explica en el documento. 

Precisamente, el informe de la Secretaría Municipal apuntaba que el Ayuntamiento tiene competencias para ordenar, que no regular, las casas de apuestas y salones de juego a fin de proteger determinados equipamientos destinados a menores y garantizar un entorno adecuado. Y, con esta garantía jurídica, el gobierno municipal dio el paso adelante pero, para evitar conflictos, equiparó la distancia con la que ya está prevista que estipule la Junta de Andalucía en el decreto que preparar para regular este tipo de negocios. IU, no obstante, considera que desde el ámbito municipal habría que ir más allá. 

También opina González Rojas que esta regulación debería aplicarse en la zona de protección de todos los centros educativos, incluidos los universitarios, sin discriminación. Así como al entorno de otros centros deportivos y centros comerciales, por entenderse que son espacios también frecuentado por jóvenes.

La modificación urbanística iniciada en el Ayuntamiento de Sevilla se argumenta en  la necesidad de frenar la proliferación de este tipo de establecimientos de apuestas, especialmente en zonas vulnerables, barrios obreros con altos índices de paro juvenil, para evitar un problema de salud pública ya demostrado con estadísticas de menores y jóvenes adictos al juego. Sevilla se suma a otros ayuntamientos andaluces que están regulando en base a sus competencias a la espera de una normativa autonómica que no termina de llegar.