El Consejo Local de IU de Sevilla ha conseguido reunir, a través de la cuenta bancaria de solidaridad que abrió hace apenas una semana, los 22.000 euros de fianza que el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense ha impuesto como medida cautelar a la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Josefa Medrano (IU), para quien la Fiscalía solicita siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por impedir la celebración de un homenaje en octubre de 2009 al escritor Agustín de Foxá en el centro cívico Tejar del Mellizo de la capital hispalense. 

Así lo ha anunciado el coordinador local de IU, José Manuel García, quien, en unión de cargos de IULV-CA a nivel regional, provincial y local, ha acompañado en la mañana de este martes a Josefa Medrano a los juzgados del Prado de San Sebastián, donde ha acudido a recoger el auto de apertura de juicio oral y para que le sean comunicadas las medidas cautelares dispuestas por el juzgado instructor con motivo del caso 'Agustín de Foxá'. 

En este sentido, el también concejal de Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Sevilla ha precisado que fue este lunes cuando se terminaron de reunir estos 22.000 euros, por lo que ha mostrado el agradecimiento en nombre de su partido a todas aquellas personas que han aportado alguna cantidad, entre ellas, ha destacado, una mujer hindú natural de una ciudad cercana a Nueva Delhi que ha ingresado cinco euros en la cuenta bancaria. 

De su lado, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha expresado "la solidaridad" de toda la dirección andaluza y del consejo andaluz de IU hacia la persona de Josefa Medrano, y ha criticado que, en el presente caso, la Justicia "están actuando con cierta tendenciosidad", tras lo que ha mostrado su "estupor" e "indignación" por la "irracional y desmedida actuación judicial" en lo referente a la imposición de una fianza de 22.000 euros. 

Defensa de la memoeria histórica

"Esto es más propio de otro tipo de actuaciones y de otro tipo de delitos", según ha subrayado Valderas, quien ha añadido que la actuación de Josefa Medrano "se inserta claramente en lo que tiene que hacer un demócrata, como es defender los elementos de la memoria histórica". "Hay imputaciones judiciales que dignifican la actuación de las personas y de los demócratas, y en este caso de Josefa Medrano", ha sentenciado. 

De su lado, la concejal de IU imputada ha querido agradecer, en declaraciones a los periodistas, el apoyo dado por todas las personas que han realizado alguna aportación económica en la cuenta bancaria abierta por el Consejo Local de IU. 

Según la Fiscalía, la edil acordó denegar el espacio solicitado por las asociaciones Fernando III y Ademán para la realización del homenaje "de forma arbitraria, sin motivar, teniendo conocimiento de la legalidad de la autorización ya concedida -dada previamente por la directora del centro cívico-, y dada la ideología ligada a la Falange y al franquismo del escritor".

Las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones Fernando III y Ademán han solicitado hasta dos años de prisión y once de inhabilitación para la concejal de Participación Ciudadana, pues entienden que ha incurrido en un delito de prevaricación y en otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ya que la imputada basó su decisión "en motivos políticos e ideológicos, porque el poeta Agustín de Foxá estuvo relacionado con la Falange". 

Así, la asociación cultural Fernando III, representada por el letrado Ángel Bordas, solicita para Medrano la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación; dos años de cárcel, multa de 24 meses e inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la asociación. 

Por su parte, el abogado de la asociación Ademán, José Manuel Sánchez del Águila, solicita para la concejal la inhabilitación por siete años por un delito de prevaricación, así como 20 meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación durante dos años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de una indemnización de 300 euros por los perjuicios sufridos.