La Junta de Andalucía afirmó ayer que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de incoar diligencias previas contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, es "un paso procesal normal que no tiene ninguna incidencia en la consideración del Gobierno andaluz en la situación del consejero". Además, insiste en que "se analiza un asunto de su época como vicerrector" de la Universidad de Sevilla.

En la rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, consideró que "no ha habido ningún acontecimiento" que les "haya obligado actuar". Y recordó que "estamos en un trámite procesal normal dentro de una investigación", pues "es normal que ante una denuncia de la Fiscalía se abran diligencias, y ahora el tribunal tendrá que dictaminar".

Vázquez insistió en que el asunto por el que se han abierto diligencias "no compete al Gobierno de la Junta sino a la Universidad de Sevilla", así como que es un caso que "está en el ámbito administrativo, una disputa entre el Colegio de Arquitectos y los servicios técnicos-jurídicos de la Universidad de Sevilla sobre la forma de contratar obras y proyectos que para nada tiene que ver con una consideración penal".