Control para acabar con la oferta clandestina. Desde que la proliferación de las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) es una realidad incontestable, las administraciones se han visto obligadas a redoblar la vigilancia para erradicar la competencia desleal. Son muchos los propietarios de viviendas que han renunciado al alquiler de larga estancia tradicional, de un año como mínimo, para ofrecer sus viviendas a los turistas. Este nuevo fenómeno, que surgió en la costa, ha deparado que muchas de estas personas ofrezcan sus alojamientos sin control, con el consiguiente perjuicio para la oferta reglada y para la actividad turística en general, ya que los servicios que se ofrecen están, en la mayoría de las ocasiones, muy por debajo de los estándares mínimos de calidad. Para evitar estas circunstancias, la Junta de Andalucía desarrolla el Plan de Inspección Programada de Turismo, en el que ya se incluyen la VFT. Ya se han realizado 4.868 inspecciones, 651 en Sevilla.

El decreto que integra este tipo de alojamiento en la oferta reglada y facilita su coexistencia con el resto de modalidades preexistentes, como los apartamentos turísticos, entró en vigor en mayo del pasado año. Desde esa fecha, un total de 33.087 viviendas con fines turísticos han presentado su declaración responsable, requisito indispensable, para el inicio de la actividad y su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. La normativa impulsada por la administración creó la nueva categoría de Vivienda con Fines Turísticos (VFT) y estableció la inscripción obligatoria en el citado registro para poder operar. A partir de la presentación de la declaración responsable por parte del propietario, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía realiza de oficio este trámite y asigna el número que se debe usar en toda la publicidad. Precisamente uno de los principales requisitos que se hacen a las plataformas que ofertan estas viviendas, como Airbnb o HomeAway, es que deben pedir este dato a los propietarios y publicarlo junto al anuncio para evitar posibles fraudes.

En Sevilla ya hay inscritas en el registro oficial de la Junta 2.337 viviendas turísticas

Del total de viviendas con la declaración responsable presentada, ya figuran en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, y disponen de su correspondiente número identificativo para poder operar, 26.009 alojamientos. Por provincias, destaca Málaga, con 15.361 unidades inscritas, seguida de Cádiz (3.850), Sevilla (2.337), Almería (1.752), Granada (1.647), Huelva (534), Córdoba (492) y Jaén (36). Este fenómeno, como demuestran los números, sigue siendo más importante en las costas, aunque ha irrumpido con fuerza en otros puntos turísticos como es la capital de Andalucía.

Con el auge del turismo, han sido muchos los vecinos que han decidido poner sus viviendas a disposición de los viajeros para así ganar un dinero. Según los cálculos de los hoteleros, en Sevilla la oferta ilegal prácticamente iguala en número a la legal, por lo que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento han redoblado sus esfuerzos en materia de inspección. La lucha contra la clandestinidad de la Consejería de Turismo y Deporte se inicia de oficio, tras recibir una denuncia de un ciudadano o a instancias de la Policía. El plan de inspección es anual y se centra, por un lado, en el control a los alojamientos; y por otro, en la vigilancia de las webs y plataformas de intermediación.

Entre las principales causas de las denuncias se encuentran la prestación del servicio turístico sin haber presentado la declaración responsable, algo que se considera actividad clandestina y está tipificado como una infracción grave, con sanciones que oscilan entre los 2.001 y 18.000 euros. Otros motivos de multa son los que atañen a la convivencia con los residentes, sobre todo en el caso de las VFT, que comparten edificio.

Por otra parte, además de las actuaciones que desarrolla la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla juega un papel primordial para combatir el fraude. Un ejemplo son la veintena de expedientes disciplinarios abiertos por la Gerencia de Urbanismo como consecuencia de las denuncias por realizar obras en edificios para adaptarlos a fines turísticos. La mayoría de estas diligencias se refieren a pisos, apartamentos o complejos situados en el casco antiguo. La más destacada hasta la fecha es la multa de 1,8 millones impuesta a los propietarios de un edificio situado en la calle Becas, en el entorno BIC del convento de Santa Clara. El servicio de Licencias e Inspección Urbanística de la Gerencia inició este procedimiento tras comprobar que se habían realizado obras no legalizables para transformar parte de este edificio de uso residencial y familiar para destinarlo a apartamentos turísticos sin haber obtenido las autorizaciones preceptivas por parte de este órgano y de otros servicios municipales adscritos a la delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento.

Además, la Gerencia de Urbanismo mantiene abiertos otros expedientes en inmuebles de la calles Adolfo Rodríguez Jurado, Rosario, Miguel de Mañara, Fernández y González, Antón de la Cerda, Santa María la Blanca, Argote de Molina y Justino Matute.