Carmen Fernández, la madre de los menores Iván y Sara, lo resumió premonitoriamente en junio pasado, durante su última declaración pública. "Me llega el miserable dinero en un momento difícil, quizás me llegue tarde". Tan sólo varios meses después, a finales de diciembre, murió en un hospital de Madrid, donde permanecía ingresada con un cáncer en fase terminal. Esta madre coraje, que durante once años luchó para recuperar a sus hijos después de superar sus problemas con el alcohol, ha fallecido sin poder cobrar los 1,7 millones de euros que los tribunales le concedieron, pero, sobre todo, sin volver a ver su hijo Iván, ya de 16 años, y todo ello a pesar de que sucesivas resoluciones judiciales habían acordado en los últimos meses que se reanudara el régimen de visitas.

El "tortuoso calvario", como en su día bautizó con acierto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial el caso de Carmen Fernández y todas las vicisitudes que lo han envuelto, llevó a los jueces a reconocer en una sentencia que el cáncer de la madre fue una consecuencia directa o indirecta del "sufrimiento soportado" durante todos estos años en los que la mujer estuvo apartada de sus hijos.

Ante los fallos de las distintas administraciones que se han visto implicadas en este asunto, la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, por un lado, y el sistema judicial, de otro, pocas excusas pueden darse ya o, en todo caso, resultan inútiles. En medio queda el enfrentamiento que sostuvo el juez de Familia número 7, Francisco Serrano, con la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. El magistrado asegura que siempre actuó en interés de los dos menores cuando se opuso a que se cumplieran las sentencias que ordenaban de forma taxativa que Iván y Sara debían volver con su madre biológica.

La Audiencia, el tribunal jerárquicamente superior al magistrado, determinó en varias ocasiones que no existía ninguna circunstancia contraria al retorno, una vez revocada la situación de desamparo que el juez acordó en su día. El tiempo dio la razón al tribunal: en septiembre de 2004 Sara decidió de forma voluntaria regresar con su madre tras ocho años de separación.

Ya no se trataba de un simple enfrentamiento entre el juez de Familia y los magistrados que componían la Sección Sexta de la Audiencia, puesto que este caso correspondió posteriormente a la Sección Segunda, integrada por otros magistrados y a la que se había concedido la competencia exclusiva en materia de Familia. En abril de 2007, esta nueva sala fue contundente al ordenar al juez Serrano la entrega "inmediata" del dinero de la indemnización a Carmen Fernández.

El juez Serrano volvió a negarse a la entrega de la totalidad de los 1,7 millones de euros, con el argumento de que el dinero público de la indemnización podría desaparecer y sería imposible su reintegro en el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de amparo que había presentado la Junta de Andalucía. Paradójica también fue la intervención de la Administración autonómica en esta fase del proceso, que se comprometió inicialmente a pagar la indemnización y, tan sólo un día después, sin dar una explicación coherente, decidió presentar un recurso de amparo. El mismo día en que se hizo pública la sentencia que acordaba la indemnización, Francisco Serrano manifestó públicamente que la Junta y el fiscal podían recurrir el fallo. Sólo recurrió la Junta y tras ese cambio sorprendente de actitud. Luego, el juzgado obligó a la madre biológica a prestar una garantía si quería recibir la totalidad de la indemnización: sólo tenía acceso a los 72.000 euros de compensación que el juez había estimado inicialmente.

El Tribunal Constitucional se comprometió a tramitar con urgencia el asunto de Carmen Fernández ante su delicada salud. Dos años después todavía sigue sin haber respuesta alguna.

El caso de Iván y Sara llevó al magistrado Francisco Serrano y al teniente fiscal de Sevilla, Antonio Ocaña, a promover una reforma del Código Civil -aprobada recientemente- para limitar a dos años el tiempo que tienen los padres para oponerse en la vía judicial a una declaración de desamparo. La reforma, en cambio, tampoco hubiera cambiado nada para Carmen Fernández, dado que lo que más le perjudicó fue el tiempo que transcurrió entre las distintas resoluciones judiciales.

Carmen Fernández no ha sido la única madre que ha fallecido mientras su proceso seguía abierto en los tribunales. Antes de ella le ocurrió a Rocío Carretero, que no pudo conseguir la devolución de sus hijos pese a los pronunciamientos judiciales favorables.