Lanzas pide abogado de oficio y se niega a declarar por el caso Mercasevilla
Está imputado por dos presuntas facturas falsas y un traspaso de 24.000 euros del que "no existe factura".
A la cuarta citación, el conseguidor de los ERE compareció ante la juez Alaya. Pero antes de comparecer, pidió abogado de oficio, lo que retrasó durante unas dos horas su comparecencia. Cuando finalmente entró en el despacho de la magistrada, el ex sindicalista Juan Lanzas se acogió a su derecho constitucional a no declarar.
Después de tres intentos fallidos de tomarle declaración, dado que su comparecencia había sido aplazada en dos ocasiones anteriores a finales de 2014, la juez acordó en una providencia que esta nueva citación se realizara a través de la Guardia Civil, para que no vuelvan a producirse fallos en la notificación.
El último aplazamiento se debió a que no se ha podido notificar la citación. Lanzas fue imputado por Alaya en octubre del año pasado junto a su cuñado Ismael Sierra García, en relación con dos presuntas facturas falsas y un traspaso de 24.000 euros del que, según expuso la juez Alaya en un auto, "no existe factura", y que fueron emitidas por la empresa Maginae Solutions por importe de 190.048,20 euros.
La juez considera que esas facturas se emitieron por "supuestos servicios que se dicen prestados por dicha entidad a Mercasevilla", pero sostiene que "no son reales pues en ningún caso pudieron ser prestados tales servicios por aquella sociedad".
Alaya también había citado a declarar como testigo al ex delegado sindical de UGT en Mercasevilla Eduardo Muñoz Vargas, una comparecencia que fue solicitada por la defensa del ex director general de la lonja Fernando Mellet porque, como representante sindical, "pudo presenciar las diversas reuniones que se mantenían con miembros del Ayuntamiento" y de la sociedad estatal Mercasa. Sin embargo, Mercasevilla ha presentado un escrito pidiendo que la imputación del ex delegado por su presunta participación en la negociación de los ERE "fraudulentos" de 2003 y 2007 que, según la empresa, ha ocasionado un perjuicio a la misma cifrado en tres millones de euros.
La instructora acordó, a instancias de la defensa de Mellet, requerir a Mercasevilla para que complete la documentación enviada respecto a la correspondencia electrónica mantenida entre la dirección del Mercado y los miembros del consejo de administración, los asesores de Mercasa y los miembros de la firma auditora.
La defensa había justificado la entrega de esta documentación por la existencia de "emails que se multiplican con modificaciones, en los cuales deben de existir contestaciones por parte de los receptores", según el escrito presentado en su día por el abogado José Manuel Carrión, que representa a Mellet.
Alaya también había solicitado los correos electrónicos emitidos desde la cuenta de Fernando Mellet con los miembros del consejo de administración, los concejales, así como con el secretario y el interventor del Ayuntamiento, y que se aporte al juzgado la agenda Outlook de la secretaria de dirección adjunta durante el tiempo en el que Mellet fue gerente de la entidad.
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