La ex jefa del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urbanismo, María Isabel Evans López, aseguró este miércoles a la juez Mercedes Alaya que desconoce "quién debía emitir el informe sobre la terminación de las obras de urbanización" de Mercasevilla, donde se concedió una licencia de primera ocupación a la empresa Sanma -que se hizo con el concurso público para la adjudicación de los suelos- sin que se comprobara que no había suministro eléctrico para la edificación de 14 naves y tampoco se habían finalizado esas obras de urbanización. 

La juez Alaya, que investiga la presunta adjudicación fraudulenta del concurso a Sanma, imputó a María Isabel Evans dos delitos de prevaricación porque, según la magistrada, esta funcionaria de la Gerencia, en relación con la licencia de edificación a Sanma, "omitió el preceptivo traslado al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales" cuando conocía desde 2004 que este mismo servicio ya se había pronunciado con motivo de la licencia de la empresa Larena, a la que se había exigido para conceder dicha licencia la finalización de las obras de urbanización. 

Alaya también le atribuye no haber exigido el "certificado de la finalización" de esas obras cuando se solicitó la licencia de primera ocupación, de acuerdo con el artículo 491 de la ordenanza municipal de Licencias, "permitiendo la concesión de la misma por el gerente a sabiendas de que las 14 naves industriales y el edificio de oficinas carecía de la infraestructura eléctrica necesaria e imprescindible para ser utilizados". 

En su defensa, María Isabel Evans alegó que entre sus cometidos "no estaba la tramitación de los expedientes, sino la supervisión de los informes técnicos emitidos". La funcionaria explicó que no conocía la situación que exponía el informe del servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales del año 2004 y también desconocía que hubiese acordado la "simultaneidad" de las obra de edificación y las de urbanización. 

En cualquier caso, María Isabel Evans puso de manifiesto que cuando se concedía una licencia de obras, se podía dar "condicionada a la finalización de las obras de urbanización". Su departamento, añadió, da "muchas licencias de obras condicionadas", por cuanto dicha licencia de obras se puede otorgar pero condicionada a la finalización de los trabajos de urbanización. 

La juez Alaya le recordó que el ex gerente de Urbanismo Miguel Ángel Millán declaró que era el servicio de Licencias el que decidía la "simultaneidad", una afirmación que la funcionaria aseguró que "no es correcta" porque su función específica era la de realizar los informes urbanísticos. 

Sobre la concesión del informe de primera ocupación, la ex jefa del servicio de Licencias declaró que "en realidad no sabe quién debía emitir el informe sobre la terminación de las obras de urbanización, puesto que ha visto informes realizados por el servicio de Obras y también por la oficina de ejecución del Plan". María Isabel Evans explicó que desde el 11 de marzo de 2008 tenían "instrucciones de remitir el expediente completo al servicio de coordinación de Vía Pública" y cuando le devolvían el expediente, lo recibía una "auxiliar administrativo" de la Sección Administrativa y, si era favorable, continuaba la tramitación. 

A preguntas de la Fiscalía, la funcionaria de Urbanismo precisó que considera que es un "requisito imprescindible" para la concesión de la licencia de primera ocupación que las obras de urbanización estén finalizadas -todo ello con carácter general-, aunque admitió que "se han dado casos recientes en que se han concedido licencias de ocupación pendientes de la terminación de las obras de urbanización". Eso ha ocurrido, indicó Evans, con las obras del Polígono Aeropuerto, pero para que esta situación se produzca "ha de existir un informe previo" del jefe del servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales, Luis Gómez Martínez, "en el que se establece que no hay ningún inconveniente para el otorgamiento de licencia de primera ocupación aun cuando las obras de urbanización no estén recepcionadas". 

La ex jefa de Licencias explicó que el traslado que se realizaba del expediente al servicio de Coordinación de Vía Pública era "formal y burocrático", en la "confianza de que ese servicio distribuía el trabajo, sin conocer el contenido de lo que podía venirles". Según la funcionaria, antes del 11 de marzo de 2008, el servicio de Obras y Proyectos era el que informaba sobre las obras de urbanización. Su departamento únicamente informaba sobre las parcelas, pero "nunca" sobre la urbanización, insistió.

Otra imputada dice que los servicios se agrupaban por criterios políticos

Ante la juez Mercedes Alaya también compareció para ampliar su declaración como imputada la que fuera subjefa del servicio de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial, quien aseguró a la instructora que en relación con la licencia de primera ocupación de Sanma y "de acuerdo con la ley" debería existir un informe por parte del Servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales que determinara que las obras de urbanización estaban concluidas. La funcionaria, ante la ausencia de ese informe, advirtió que "lo que ocurre es que en la práctica, por criterios muchas veces no adecuados a la lógica y más bien políticos, se agrupaban determinados servicios".

El letrado de la funcionaria de Urbanismo, Manuel Salinero, mostró su protesta porque entendía que no se había consignado la respuesta de su cliente y la secretaria intervino para dar fe de que "efectivamente, a preguntas reiteradas de su señoría", Emilia Barrial había manifestado que era cierto que "de acuerdo con la ley debería ser así". Alaya atribuye igualmente dos delitos de prevaricación a Emilia Barrial, al estimar que esta funcionaria "omitió la orden de que el servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales emitiera informe visitando la obra porque sabía que las obras de infraestructura eléctrica no estaban concluidas e impediría la concesión de licencia de primera ocupación". Según la juez, esta funcionaria no efectuó la orden de paso "obligado" a este servicio "intencionadamente" porque sabía que se emitiría informe desfavorable o se exigiría un aval para las obras de urbanización que aún no estaban finalizadas.