Una ley que no contenta a nadie o a muy pocos. La aprobación la semana pasada en el Congreso de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) -contra la cual se han convocado dos huelgas generales en la enseñanza y un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la Junta de Andalucía- ha dejado patente una carencia en el sistema educativo español que sus representantes llevan denunciando hace años: la necesidad de alcanzar un pacto del que nazca una normativa que perdure en el tiempo y no esté sometida a los vaivenes políticos en el Ejecutivo. Dicha exigencia es la única en la que coinciden siete directores de centros educativos sevillanos en la consulta realizada por este periódico sobre la Lomce.

Entre los derechos que prioriza la nueva normativa se encuentra el de la libertad de enseñanza, en función de la cual la oferta de plazas se configurará con la obligación de garantizar a todos los ciudadanos en edad escolar una vacante, aunque ésta no tenga por qué ser ya pública, lo que otorga un gran margen a la conciertos. Para Antonio Buzón, director del IES Isbilya -la Lomce repercutirá sobre todo en las enseñanza medias- la ley vislumbra "una mayor competencia en la distribución de recursos y en el aumento de los conciertos con centros privados, lo que a la larga puede conllevar a una pérdida de plazas de profesores en la enseñanza pública".

Sin embargo, este incremento de las partidas para los colegios e institutos que no son de titularidad pública lo pone en entredicho Joaquín Egea, director del colegio concertado Buen Pastor, quien incide en que la Lomce "no recoge ningún cambio en la financiación de la enseñanza concertada", que actualmente es "insuficiente", lo que obliga a los propietarios de dichos centros a acudir a las "donaciones voluntarias de padres", por lo que se incumple la gratuidad educativa.

Una visión muy distinta es la que aporta Marisa Gil, directora del IES Félix Rodríguez de la Fuente, quien advierte que los centros privados "con mayores medios para atender las necesidades individuales de los alumnos" usarán las reválidas que fija la ley para "seleccionar" los estudiantes con brillantes resultados y extender la idea "equivocada" de que la calidad de este tipo de enseñanza es mejor. Las pruebas externas se realizarán al acabar Primaria, ESO y Bachillerato, aunque sólo en las dos últimas, si se suspende, el alumno no podrá pasar de etapa educativa ni lograr la titulación correspondiente.

En opinión de Javier Delgado, director del colegio de educación diferenciada Altair, estas evaluaciones "contribuyen a mejorar la calidad del sistema de enseñanza", ya que ayudan a que el estudiante sepa elegir su itinerario formativo "de acuerdo con las competencias que realmente saben que poseen". Su homólogo en el IES Isibilya teme que los resultados de esas pruebas se usen "con fines comparativos y para clasificar centros", mientras que el director del Buen Pastor aplaude la iniciativa y critica que la Junta, al oponerse a las reválidas, ponga "los intereses de algunos sindicatos, autonomías o colegios por encima del derecho de los padres a conocer la calidad de la enseñanza andaluza".

María Egea, directora del centro privado St. Mary's School, opina que estos exámenes "no producen desigualdad", aunque, eso sí, califica de "decimonónico" el sistema evaluativo al fijarse sólo en los conocimientos de las asignaturas troncales y no valorar, por ejemplo, "cómo ha sido el proceso de aprendizaje". Luis Rey Goñi, director del colegio privado San Francisco de Paula, opta por "desarrollar una conciencia general de responsabilidad individual, un concepto que los británicos denominan accountability y que resulta fundamental para preparar ciudadanos libres".

Respecto a la intención que persigue el Gobierno de frenar por parte de las comunidades la dispersión de contenidos en las materias troncales (Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero) fijando un porcentaje mínimo que establecerá el Estado, Marisa Gil califica dicha medida de "contrasentido", puesto que las decisiones educativas están transferidas a las autonomías. Egea incide en que en todos los países europeos (con sistema federal o centralista) existen unos mínimos contenidos comunes que garantizan la igualdad entre los ciudadanos y la libertad de movimiento de los alumnos. Para este director, el problema radica "en la interpretación que de esos contenidos puedan hacer profesores ideologizados". Para la responsable de St. Mary's School, "los alumnos deben tener igualdad de oportunidades con independencia de la comunidad en la que vivan", aunque lamenta que la ley sea "excesivamente detallista y deje poco margen para la autonomía de los centros".

Uno de los cambios currículares de la Lomce es la eliminación de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía y la recuperación de la alternativa a la Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Todos los directores encuestados coinciden en señalar que detrás de este cambio hay un asunto ideológico patente desde que se estableció la materia ahora anulada. La directora del Félix Rodríguez de la Fuente se muestra contraria a esta desaparición, al entender que debería ser asignatura troncal en todos los cursos: "No todos somos científicos, matemáticos o lingüistas, pero sí somos ciudadanos". Javier Delgado defiende que dichos valores siguen vigentes con la Lomce al incorporarlos de forma "transversal" a todos los contenidos. María Egea considera que esta enseñanza sólo puede resultar polémica "cuando en su desarrollo y objetivos aparecen cuestiones ideológicas", a lo que añade que "en las familias se transmiten valores, mientras que en los centros se ha de enseñar qué es la sociedad y cómo se regula".

Otra novedad que introduce la Ley Wert es la libertad que se otorga a los alumnos para que en tercero de la ESO (14 años) elijan asignaturas optativas dirigidas a la FP o al Bachillerato. El director del IES Albert Einstein, que es además delegado en Sevilla de la asociación de diretores de institutos de Andalucía (Adian), estima que un estudiante con esa edad "si está bien orientado por el centro escolar y apoyado por la familia, puede configurar su itinerario formativo". No piensa igual Marisa Gil, para la que detrás de esta iniciativa "subyace la idea de acabar con la educación inclusiva". "Hay adolescentes que con 14 años tienen su itinerario decidido, pero la mayoría no. A esa edad se le debe permitir equivocarse y no jugarse el futuro a cara o cruz", apunta la directora del Félix Rodríguez de la Fuente, pensamiento en el que coincide con su homóloga en el centro privado St. Mary´s School, para la que tal decisión ha de ser posterior, "puesto que un estudiante a esa edad no posee madurez suficiente para dicha diatriba". En opinión de Luis Rey Goñi, "es un error fundamentar esta decisión en contenidos. Ni podemos crear un sistema monolítico ni condenar a compartimentos estancos".

Javier Delgado, por su parte, asegura que este modelo es el más extendido en Europa. "De hecho en Alemania la especialización hacia el campo profesional se produce a una edad más temprana", asegura el director del Altair, quien incide en que "cuando un alumno ve que no quiere continuar en el Bachillerato, puede recuperar esa motivación en la FP, seguir sus estudios y obtener un título, por lo que esta medida la considero un factor favorecedor de la igualdad de oportunidades". Egea también cree "conveniente" el citado cambio pero a condición de que "se facilite la conexión entre itinerarios diversos, que permita el paso de uno a otro sin pérdida de curso".

Las discrepancias, no obstante, encuentran un punto de unión en la conclusión sobre esta ley. Todos coinciden en apuntar la necesidad de lograr un pacto educativo. Así lo señala Joaquín Egea, quien hace hincapié en que para dicho consenso es fundamental "dejar a un lado el tema religioso y los planteamientos teóricos de una falsa progresía". Pedro Arias muestra su escepticismo sobre una ley que "tampoco resuelve las grandes necesidades y carencias que presenta nuestro sistema educativo", una actitud motivada en buena medida por la gran inestabilidad legislativa en este terreno: "Al poco de que se implante la Lomce será derogada por la siguiente normativa y vuelta a empezar otra vez". El director del San Francisco de Paula insiste en el fracaso de las normativas en educación al indicar en que "llevamos décadas de batallas partidistas por unas leyes que no se han cumplido en la realidad". Para ello, Marisa Gil demanda que a la hora de hacer una reforma que persiga el éxito "hay que tener las manos manchadas de tiza". La falta de consenso la pone de relieve la responsable del St. Mary's School al lamentar que se haya perdido "la oportunidad de elaborar una ley que por fin perdure en el tiempo, para lo que hubiera sido necesario el consenso por encima de intereses o ideologías".