Mano dura contra los pisos turísticos

Mano dura contra los pisos turísticos ilegales

  • La Gerencia de Urbanismo ordena al propietario de un apartamento de la calle Peral que suspenda su uso al carecer de licencia

  • Corte de los suministros de luz y agua hasta que legalice la situación

El piso turístico ilegal se encuentra en la segunda planta del número 55 de la calle Peral. El piso turístico ilegal se encuentra en la segunda planta del número 55 de la calle Peral.

El piso turístico ilegal se encuentra en la segunda planta del número 55 de la calle Peral.

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Mano dura contra los pisos turísticos ilegales. La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la inmediata suspensión del uso para hospedar a viajeros de un apartamento enclavado en el número 55 de la calle Peral (a escasos metros de la Basílica de la Macarena) al haberse detectado que el dueño está desarrollando esta actividad sin que cuente con la licencia correspondiente ni esté registrada en los organismos necesarios. Todo comenzó con una denuncia vecinal. De la irregularidad informó el Servicio de Protección Ambiental tras varias inspecciones realizadas al inmueble en las que no se pudo verificar la legalidad turística del alojamiento, que estaba publicado en las redes sociales como "alquiler de apartamentos Beautiful Apartment". Los técnicos muncipales han concluido que no consta ningún número de identificación del registro de turismo, ni aparecen en los antecedentes del servicio de licencias urbanísticas datos relativos a esta actividad. El propietario dispone de un plazo de dos meses desde que se le notifique el acuerdo para que legalice la actividad mediante la solicitud de la conveniente licencia.

Experiencia piloto satisfactoria que pretende marcar el rumbo en las próximas semanas. El pasado 12 de marzo entró en el registro general de la Gerencia un escrito de Medio Ambiente remitiendo a un informe técnico sobre unas inspecciones realizadas los días 7, 16, 22 y 31 de marzo, 3 de abril y 10 de mayo del año pasado entre las 10:00 y 14:30 en la finca sita en la segunda planta del mencionado edificio de la calle Peral. Tras observar los técnicos la entrada y salida de turistas del edificio, consultaron los antecedentes del servicio de licencias. No aparece ningún dato sobre la actividad.

Una denuncia vecinal puso en alerta a Medio Ambiente, que hizo hasta seis inspecciones

La Gerencia ha ordenado al dueño del apartamento la inmediata suspensión del uso turístico que viene realizándose dado que carece de licencia municipal, apercibiéndole que podrá procederse al precintado de la vivienda. En el expediente se advierte que el incumplimiento de la orden dará lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas o como mínimo de 600 euros. Las sanciones sólo se interrumpirá si el propietario comunica fehacientemente el cumplimiento de la suspensión y aporta documentación justificativa, sin perjuicio de que por la inspección del servicio competente se gire visita a la finca a fin de comprobar que se ha dado cumplimiento efectivo a lo mandado.

El incumplimiento de la orden constituye una infracción urbanística calificada como muy grave, por lo que puede dar lugar a la imposición de una sanción de hasta 120.000 euros. La Gerencia ha solicitado a las empresas suministradoras de servicios públicos y servicios esenciales (como agua o electricidad) que suspendan en un plazo máximo de cinco días el suministro que venían prestando en el apartamento. Además, requiere al dueño del inmueble para que en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación inste la legalización mediante la solicitud de la correspondiente licencia municipal. Si la legalización fuese denegada se podrán adoptar las medidas pertinentes para la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior.

El Ayuntamiento de Sevilla es consciente del problema que tiene con las viviendas que son ofertadas a los turistas de manera ilegal, algo que sucede en las principales ciudades turísticas. El gobierno socialista se encuentra elaborando un estudio completo para conocer la dimensión del problema con datos reales y otras medidas para poner una especie de "barrera de entrada" a estos apartamentos ilegales. Entre ellas, se apunta a una limitación urbanística para que no se puedan dar nuevas licencias en determinadas zonas. También incrementar la tasa que hay que pagar actualmente para cambiar el uso de vivienda residencial a turística. Es de 23 euros, la más baja de Andalucía, y el gobierno planteó en las últimas ordenanzas fiscales que pasara a 240, aunque la oposición tumbó esta medida.

El gobierno local se plantea no otorgar nuevas licencias en determinadas zonas

La situación de ilegalidad no es ni mucho menos minoritaria. Los datos más recientes del Ayuntamiento hispalense lo demuestran. En este ámbito deben diferenciarse dos tipos de alojamiento, por un lado, los apartamentos turísticos, de los que en octubre de 2017 había inscrito 1.155 en la ciudad. Por otro lado, las viviendas con fines turísticos. El avance del diagnóstico de Emvisesa fijó en 10.600 las existentes, de las que sólo 2.330 estaban dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía. Unas cifras que desvelan que a finales del año pasado existían en Sevilla 8.270 inmuebles que alojaban de forma irregular a los turistas, lo que a la postre supone la llegada de un importante número de visitantes sin seguir los parámetros de control establecidos.

Esta tendencia, además, tiene un efecto bastante preocupante que ya se está notando en las principales ciudades de España: los cascos antiguos despersonalizados. En Sevilla aún no se ha llegado a tal extremo, pero empiezan a verse síntomas preocupantes que advierten de esta tendencia. La proliferación de los apartamentos turísticos ha provocado un encarecimiento de hasta el 15% en los alquileres convencionales de algunos barrios del casco antiguo, lo que lleva a muchos interesados a descartar esta opción y elegir zonas más alejadas.

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