Mellet dice que el "verdadero daño" a Mercasevilla fue parar la venta de los suelos

El ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha recurrido el auto de procedimiento abreviado en la rama del caso referente a la venta de los terrenos y ha asegurado que "el único perjuicio" se produjo al paralizar el concurso tras la incoación de estas diligencias.

El abogado de Mellet, en un recurso, apela directamente ante la Audiencia de Sevilla contra la decisión de la juez instructora, Mercedes Alaya, de dar por finalizada la investigación sobre la "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla y dirigir la causa contra Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex primer teniente de alcalde de Sevilla, y otras quince personas. El defensor de Mellet, José Manuel Carrión, dice que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, al no haber tramitado sus recursos de apelación. Alega además que Mellet ha sufrido "imputaciones sorpresivas" pues prestó una única declaración en esta causa, cuando le atribuyeron delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, y en el auto de 20 de diciembre fue acusado de prevaricación, falsedad y asociación ilícita.

Carrión argumenta además que Mellet no tenía la condición de funcionario público, y las citas de la juez Alaya a tal condición -contenidas en la sentencia de la Audiencia de Sevilla que lo condenó por pedir una comisión ilegal de 450.000 euros en Mercasevilla- no es firme se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. También cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre Mercabarna para afirmar que el régimen de empresa mixta, como Mercasevilla, "no constituye un supuesto de verdadera gestión directa de la administración estatal o local", y además su capital no era íntegramente público pues, junto al Ayuntamiento y Mercasa, formaba parte de su accionariado la Asociación de Mayoristas.

Mellet, añade la defensa, "no es ni ha sido consejero ni miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla" que en 2006 acordó la venta de los terrenos a Sanma, filial de Sando, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su principal competidora, Noga. Su actuación "se mantuvo dentro de los márgenes del ordenamiento jurídico y ninguna contravención a dichos intereses generales o beneficio propio se produjo" dado que la venta se adjudicó "conforme a lo que se entendió la mejor oferta dentro de un concurso, aun cuando no era necesario tal concurso". "El perjuicio para Mercasevilla se ha producido con la paralización de la ejecución del concurso. Esa es la evidencia", dice el abogado defensor.

Su recurso se ha unido al de Rodrigo Torrijos, quienha apelado al principio de "cosa juzgada" y a que las cláusulas investigadas no dañaron el interés público ni fueron recurridas por los perdedores.