Mercasevilla ha presentado alegaciones ante la Consejería de Empleo, a la que ha solicitado la "convalidación" de los actos administrativos acordados por el que fuera director general de Empleo Francisco Javier Guerrero en el ERE de esta empresa de 2007 o, en su defecto, que fije una "indemnización" para los trabajadores afectados que sea equivalente a la suma de las rentas pactadas "de buena fe", que se habían pactado con una póliza de Vitalicio y que alcanzaron los nueve millones de euros.

La abogada que representa a Mercasevilla, Lourdes Fuster, ha presentado alegaciones al expediente de revisión de oficio y nulidad de actos administrativos iniciado por la Consejería de Economía, Empleo e Innovación, al considerar que existen "derechos de terceros que deben prevalecer sobre cualquier actuación anómala de la Administración Pública, por lo que nunca procederá la nulidad de pleno derecho de aquellos actos dictados y generadores de derechos para terceros de buena fe, que pudieran haber sido engañados de manera torticera por la Administración y/o sus representantes".

Para Mercasevilla, todos los actos administrativos que se pretenden revisar "son válidos en derecho y despliegan todos sus efectos hasta que no se declare su nulidad o anulabilidad, algo que esa Consejería de Empleo ha despreciado hasta la fecha en un comportamiento ilegal a todas luces", incumpliendo sus "compromisos" con los ex trabajadores de Mercasevilla y situando a la empresa en una "delicada situación económica al verse obligada a atender los compromisos de pago que ha desatendido esa Consejería de Empleo, con los daños y perjuicios que ello conlleva".

En sus alegaciones, la empresa pública mixta impugna además una serie de aspectos formales del expediente, al estimar que el órgano competente para la incoación y resolución del mismo es el Consejo de Gobierno de la Junta, al tratar de ayudas que superan los tres millones de euros, y también porque se debería haber dado el trámite de audiencia a todos los interesados, que según Mercasevilla serían los ex trabajadores que fueron incluidos en el ERE, el comité de empresa e incluso al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, "teniendo en cuenta las responsabilidades administrativas, penales e incluso civiles en las que puede haber incurrido de declararse nulo de pleno de derecho los tres actos administrativos", precisa Mercasevilla en su alegato.

La abogada señala que la Dirección General de Trabajo, "tomó parte en la financiación del coste de dicho proceso de reestructuración de la plantilla, a través del pago de gran parte de las primas de seguro" y esa participación se formalizó en un protocolo firmado el 4 de diciembre de 2003, si bien esta financiación fue "acordada verbalmente con anterioridad a la firma del acuerdo final, como no podía ser de otra forma ante la imposibilidad de abonar Mercasevilla las primas íntegras de la póliza a suscribir".