La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla ha solicitado a la Policía Judicial que investigue el destino de más de 400.000 euros que la inmobiliaria Larena 98 entregó en concepto de fianza para hacerse con el derecho de superficie de dos parcelas de las instalaciones actuales del Mercado central.

La investigación ordenada por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de la capital, Mercedes Alaya, encuentra su fundamento en la declaración realizada por el socio mayoritario de la inmobiliaria Larena 98, Antonio Pardal Reyes, quien aseguró que la sociedad, a la firma del contrato, tuvo que hacer frente a una fianza de más de 400.000 euros que fue "ingresada en la cuenta de Mercasevilla", según recoge el denunciante en su comparecencia ante la Policía.

El testigo explicó a los agentes de la Policía Judicial que este dinero "debía haber seguido el curso legal", que consistía en que Mercasevilla tenía que depositarlo en la cuenta correspondiente de la consejería de Economía y Hacienda de la Junta, "como venía establecido en el mismo contrato de derecho de superficie".

Antonio Pardal añadió, no obstante, que como consecuencia de los litigios que se plantearon entre Larena 98 y Mercasevilla, su empresa reclamó la fianza y fue cuando descubrieron que esta cantidad "nunca fue depositada y se quedó a disposición de Mercasevilla".

El denunciante también indicó que tuvieron que alquilar unas oficinas en las propias instalaciones de Mercasevilla y que el director general del Mercado, Fernando Mellet, le recomendó como director de la misma a Manuel Sola.

El auto dictado ahora por la juez en el que ordena investigar los ofrecimientos de diversas concesiones a Larena 98 a cambio de resolver el contrato con Mercasevilla también solicita a la Policía Judicial que investigue el destino que en su día se dio a la fianza y que se identifique a Manuel Sola.

La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla considera que la constructora malagueña Sando accedió a subrogarse el contrato de Larena 98 -a la que pagó 1.080.000 euros, además de abonar a Mercasevilla un canon de arrendamiento mensual que ascendía a 58.738 euros- a pesar de que conocía que las naves que iban a construirse tendrían que ser demolidas a corto o medio plazo, puesto que debido a un cambio en el planeamiento urbanístico los terrenos pasaban de tener un uso terciario a residencial. La empresa malagueña asegura, en cambio, que la operación con Larena era rentable, puesto que en ese supuesto, el contrato establecía que Mercasevilla se comprometía a construir dichas naves en el futuro enclave al que se trasladase la unidad alimentaria.

La juez está planteando a los responsables de Sando que han declarado hasta ahora como imputados si la subrogación del contrato de Larena 98 no se produjo "a cambio" de que se le adjudicara un derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos de la entidad. Los directivos de la constructora han desvinculado ambos contratos, al afirmar que jamás se habló de los dos negocios de manera asociada, puesto que incluso se están planteando ejercer acciones civiles en relación con el derecho de superficie. Sando dejó de pagar a Mercasevilla el canon mensual a principios de enero de 2009.