Nuevo plan de EPSA y los vecinos para luchar contra los asaltos de viviendas

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ha puesto en marcha un plan para luchar contra uno de los eternos problemas que padece el Polígono Sur: el de la ocupación ilegal de las viviendas. Por primera vez, en un plan de este tipo participarán las asociaciones de vecinos del barrio. Con este proyecto se pretende regularizar la situación de una importante bolsa de viviendas cuyos inquilinos entraron ilegalmente mediante el asalto y que se concentran principalmente en la barriada de Martínez Montañés.

El plan consiste en ofrecer a los asaltantes una permuta de los pisos en los que viven actualmente y en los que entraron dando una patada en la puerta por alguna de las viviendas que se encuentran vacías. En esta primera fase del proyecto EPSA cuenta con 64 pisos, a los que habrá que sumar los que se queden libres de los asaltantes que se hayan acogido a este plan. De esta forma, los inquilinos podrán regularizar su situación y EPSA se hará cargo de las viviendas que quedarán ahora libres, al tiempo que podrá reutilizar las vacías e impedir así nuevos asaltos.

Para poder acogerse a este plan, las familias que así lo deseen tienen que salirse de sus viviendas ocupadas. Quien no lo haga perderá su derecho a solicitar después cualquier ayuda o cambio de piso de forma legal. Es la primera vez que un plan de este tipo cuenta con la participación de las entidades vecinales del barrio, que han sido invitadas a la mesa en la que se adjudicarán las viviendas. Las asociaciones podrán tener voz y voto en la selección de las familias y ya están haciendo un trabajo previo con ellas, convenciendo a varios de los asaltantes para que se acojan al plan.

Así lo expuso a este periódico Rafael Pertegal, presidente de la asociación de vecinos Martínez Montañés, quien ya ha contactado con numerosos jóvenes que viven en viviendas ocupadas para explicarles el proceso que deben seguir para regularizar la situación. "Muchos de ellos se quieren salir siempre que puedan optar a otra vivienda, porque de lo contrario saben que se enfrentan a un procedimiento judicial contra ellos por la ocupación. La mayoría son chicos que asaltaron los pisos cuando eran muy jóvenes, pero ahora ya tienen niños y ven las cosas de otra forma. Dicen que están dispuestos a cumplir las normas, y aunque no lo hagan al 100%, creemos que puede ser una buena oportunidad para conseguir algo con ellos", expuso Pertegal, que destacó el trabajo de Carmen Nieto al frente de la oficina de EPSA.

El dirigente vecinal dijo que es necesario acabar con la impunidad de los asaltantes, si bien es cierto que algunos de ellos son personas con unas necesidades muy especiales. "Aquí muchas familias se han creído que llevando a los niños al juzgado y llorando en la puerta los jueces pueden ablandarse y no pasará nada, pero éstos deben imponer condiciones para acabar con las ocupaciones. Esta convocatoria puede arreglar en parte el problema, aunque no en toda su dimensión".

Para Pertegal, es fundamental que se obligue a los beneficiarios de esta convocatoria a que abonen una pequeña cuota para gastos de mantenimiento y comunidad para poder mantener los bloques. De lo contrario puede repetirse lo que actualmente está sucediendo en algunos de los bloques rehabilitados recientemente. Uno de ellos, el 5.7, entregado hace menos de dos años, ya sufre destrozos en los bajos, ascensores, buzones y otros elementos comunes. No hay luz en la escalera y el zaguán es frecuentado por toxicómanos.

En otro de los bloques rehabilitado hay vecinos que han dejado de pagar el suministro eléctrico y de agua para tomarla de la red mediante enganches ilegales. En el resto del barrio siguen los atascos y la acumulación de aguas fecales, como se aprecia en la fotografía.