El Salón Montpensier del Ayuntamiento, uno de los más lujosos, fue paradójicamente el lugar elegido por la Delegación de Bienestar Social para presente el informe del primer trimestre de la Oficina Municipal porel Derecho a la Vivienda (OMDV). El delegado Juan Manuel Flores y el gerente de Emvisesa, Felipe Castro, comparecieron y resumieron el extenso documento. Lo más destacable son las 450 personas aproximadamente que esta "herramienta", como la definió Flores, ayuda cada año. Desde enero de 2020 a junio de 2021 han sido 451 los que han estado en riesgo de perder sus viviendas. Una cifra que mantiene su tendencia sin que la crisis sanitaria un efecto directo en el aumento del número de familias que han requerido la intervención municipal. Este organismo, creado en 2016 y con sede en San Jerónimo, suma 1.843 expedientes abiertos y más de 11.000 personas han realizado algún tipo de trámite en esta oficina.

Flores recordó en su intervención que en mayo de 2016 centralizó la atención a personas en riesgo de perder sus hogares: "Partimos de una situación compleja, con muy escasos recursos, sin un procedimiento, con una grave crisis económica y sin instrumentos al servicio de un problema tan importante para la ciudadanía como es la vivienda". Concretamente, en el primer semestre de 2021 se han atendido a 183 familias, en el segundo semestre de 2020 se abrieron 136 expedientes y en el primer semestre la cifra fue de 132. Las limitaciones de movilidad redujeron la asistencia en 2020 y en el año 2021 se ha vuelto a un balance similar a 2019. Entre las causas más habituales figuran los desahucios inminentes, las ocupaciones ilegales, los contratos de alquiler con procedimientos de desahucio a medio plazo o las ejecuciones hipotecarias. En todos estos casos, la OMDV y los Servicios Sociales han intervenido de alguna forma y, como mínimo, si finalmente se ha producido el desalojo o desahucio han contado con una alternativa habitacional.

Del balance de la OMDV se desprende además que un 22% de los expedientes provienen de familias vulnerables con situaciones de excepcionalidad. De los 1.843 expedientes, están completamente cerrados 1384. De ellos, resalta que 161 se han resuelto con una negociación, 69 con asesoramiento y en 341 casos ha habido una falta de colaboración por parte de la persona afectada. Sólo en un 1% de los casos el propietario se ha negado a colaborar. En cuanto a las características de los expedientes, el 78% han acabado en los juzgados por impago de rentas (331), ejecución hipotecaria (230), ocupación irregular de la vivienda (184) u ocupantes sin título legal vigente (168). Sobre la titularidad de los inmuebles, la mayor parte de los expedientes se corresponden con problemas con alquileres (677), seguido de ocupaciones ilegales (451) y de viviendas en propiedad (313). En más de la mitad de los casos (52%) los procedimientos afectan a entidades bancarias.