El PP esgrime un acuerdo de IU de 1988 contra su salida de Merca

La plana mayor del PP, con su portavoz municipal José Ignacio Zoido a la cabeza, compareció ayer ante la prensa para recalcar que no consentirán "el atropello de las libertades y el grave ataque" que supone su expulsión del consejo de administración de Mercasevilla tras 22 años de tradición democrática instaurada en 1988, con el mandato de Manuel del Valle (PSOE). Su acción judicial será un recurso civil para que la Justicia revoque esta medida con el argumento de que el gobierno local ha incumplido un acuerdo plenario aprobado en 1988, precisamente a propuesta de IU, el mismo grupo que ahora -dos décadas después- ha promovido la expulsión del PP de Mercasevilla.

En ese acuerdo de 29 de junio de 1988 los votos de IU, PP y PA permitieron sacar adelante una moción para incorporar en el órgano de gestión del mercado central a todos los grupos políticos municipales (la oposición no estaba), así como a los trabajadores y usuarios de la empresa. La moción citaba modificar los estatutos de la empresa. Votó en contra el PSOE alegando que debía consultar antes al socio estatal Mercasa, pero al final Del Valle respetó el acuerdo aprobado (salvo en lo tocante a modificar los estatutos) y lo cumplió. Ya lo había hecho antes en las empresas municipales.

El PP difundió ayer el documento. Aquel acuerdo que los populares esgrimen ahora no lo cumplieron en el mandato del andalucista Alejandro Rojas Marcos (1991-1995), que gobernó en coalición con Soledad Becerril (PP), como primera teniente de alcalde. Al llegar al poder, Rojas Marcos con el apoyo del PP eliminó a la oposición (entonces PSOE e IU) de todos los consejos de administración de las empresas municipales (Emasesa, Emvisesa, Tussam y Lipasam) y demás organismos, incluida la empresa mixta Mercasevilla.

Lo recuerda bien cuenta Amparo Rubiales, portavoz del PSOE municipal de 1991 a 1993 y hoy miembro del Consejo de Estado, quien citó las protestas políticas que suscitó aquella medida y cómo Rojas Marcos sostenía que en esos consejos "sólo debía estar el gobierno local". Según Rubiales, la expulsión del PP del consejo de Mercasevilla no le sorprende. "Nunca ha sido la primera vez que ocurre en la política municipal", dijo ayer en declaraciones a este periódico.

Otros políticos de aquella época consultados ratifican que en efecto en el primer mandato de PA y PP les expulsaron de todas las empresas ligadas al Ayuntamiento. A los representantes de los trabajadores y los consumidores se les permitió seguir en los consejos con voz, pero sin voto. Los huecos se rellenaron con técnicos.

Sólo cuando Becerril gobernó como alcaldesa (1995-1999) con el PA respetó el acuerdo de 1988 y devolvió a la oposición a los consejos de todas las empresas, recuerda el ex concejal y ex senador José María Romero (PSOE).

Años después, Monteseirín también echó también al único grupo de la oposición (PP) del consejo de Emasesa y de la Fundación DeSevilla, pero entonces el PP no acudió a la Justicia. Según Zoido, no lo denunciaron "porque no había un precedente como en Merca de 1988" y recalcó que su grupo batallará hasta que se dé marcha atrás, prospere o no la denuncia judicial.

Además del recurso judicial, el PP aplicará "una posible ruptura institucional". No participará en actos institucionales junto al gobierno local si no implica perjuicios a los sevillanos. Hoy estrenará su amenaza no acudiendo a la reunión convocada por IU para reducir los ediles de la Oficina municipal del Defensor del Ciudadano.

Zoido defendió ayer públicamente la labor de su concejal Beltrán Pérez en Mercasevilla, de quien dijo que "ha estado solo contra todos en la investigación y esclarecimiento de graves hechos". Dentro de la empresa, Pérez tenía en contra también al comité de empresa de los trabajadores, que le bronqueó el mismo día de su expulsión y le acusó de obstaculizar una solución rápida de la Junta de Andalucía sobre el pago de 9 millones del polémico ERE de 2007. Según el comité, el pago a los 40 prejubilados no se solucionará si el PP no saca de la querella por delito societario contra la empresa el polémico expediente de empleo.

La reducción de 23 a 9 consejeros supone un ahorro anual de 16.535 euros a la empresa, según el gobierno local, que negó ayer que la expulsión del PP reste "transparencia" a Mercasevilla.