El PSOE andaluz pide que se ataje la ilegalidad con Justicia "implacable"

La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, manifestó ayer que la Justicia tiene que actuar implacablemente si alguien ha cometido alguna ilegalidad, en alusión al ex miembro de la Ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo que fue incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), promovido en 2007 en Mercasevilla, sin haber figurado nunca en plantilla. "A partir de ese momento, es la Justicia la que tiene que esclarecer lo que haya sucedido y aquel que haya cometido alguna irregularidad o ilegalidad, que la Justicia actúe implacablemente". Susana Díaz ha insistido en que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento "están siendo contundentes y están colaborando firmemente con la Justicia", por lo que confía en que "cuanto antes esto se resuelva".

Desde las filas del PSOE, el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta, Luis Pizarro, aseguró ayer que este caso ha supuesto una "sorpresa" para el Gobierno de la Junta, en el ámbito de la Consejería de Empleo. Según Pizarro, la Administración autonómica no tenía "ningún tipo de conocimiento" sobre este particular y sostuvo que Empleo "no ha gestionado el expediente de esa empresa".

En la oposición, el presidente andaluz del PP, Javier Arenas, pidió ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que "salga del escondite" y dé explicaciones del último "escándalo monumental" de Mercasevilla. "Resulta que en una empresa que está en Sevilla se aplica un ERE y hay quien cobra de esa empresa de Sevilla a 300 kilómetros de distancia y que nunca ha estado vinculado a esa compañía", señaló el líder regional del PP a la prensa.

Desde Izquierda Unida, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, anunció que su formación va a pedir responsabilidades políticas y transparencia al Gobierno andaluz en el Parlamento en relación con las prejubilaciones irregulares que se han conocido en los últimos días en distintos expedientes de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla. IU quiere conocer qué control tiene el Gobierno andaluz sobre los ERE que se realizan en la comunidad, a tenor de unos hechos "escandalosos", de los que, a su juicio, debe haber responsables políticos.

En los sindicatos, los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y de UGT-A, manuel Pastrana, exigen que se pidan responsabilidades inmediatas "donde haya que pedirlas" para solucionar la situación y destacaron que quienes no son responsables de esta cuestión son los trabajadores de Mercasevilla.

Entre los candidatos a alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE) declaró que la investigación del caso Mercasevilla "será buena en primer lugar para los que lo denunciaron y estuvieron desde el primer minuto ahí, esto es, Junta y Ayuntamiento de Sevilla", sobre los que dijo que han mostrado "absoluta colaboración y disponibilidad".

El candidato del PP, Juan Ignacio Zoido, reclamó a Mercasevilla, a la Junta de Andalucía y a la cúpula del PSOE que aclaren "a dónde ha ido el dinero" de las prejubilaciones que han beneficiado a dos personas ajenas a la empresa y destacó que los ERE de 2003 y 2007 fueron promovidos con "un destacado militante socialista" en la dirección (Fernando Mellet) y con la "tramitación" o "autorización" de la Consejería de Empleo, dirigida bajo el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.