El PSOE pide el cese del gerente de Emvisesa por paralizar 1.046 VPO

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer que, como temía, se han paralizado 14 obras sociales que venía ejecutando la empresa pública Emvisesa, entre ellas 1.046 viviendas de protección oficial (VPO) y cuatro centros de servicios sociales de barrios, y cifró en 100.000 euros diarios el coste económico que le supone a Emvisesa esta situación por la obligación de compensar a las 12 constructoras afectadas.

Desde hace ya ocho días las obras están paradas por el despido de los cuatro directores de obra (arquitectos técnicos) que las llevaban, lo que eleva el coste global a 800.000 euros. El parón de los trabajos fue ordenado por la dirección de Emvisesa el pasado 28 de octubre y comunicado a las constructoras afectadas, que son Vías, Uvis, Dragados, Aciona, Detea, San Rocon, Copcisa, Ingeconser, Prinur, Ohl, Grupo Ansan-Propasan, y Ferrovial-Agroman.

El portavoz del PSOE Juan Espadas anunció en rueda de prensa que su grupo pedirá la dimisión del gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, en el primer consejo de administración que se celebre "porque no ha informado a los consejeros de este tema tan grave que supone un quebranto patrimonial para la empresa" y preguntó si no había otra solución para evitar ese parón que afecta al empleo y a la economía. "Es un daño directo a la reactivación de la economía y del empleo", lamentó Espadas. Según los sindicatos, hay 980 trabajadores afectados por esta paralización, algunos de los cuales ya están en el paro.

La situación se prolongará por más tiempo que ocho días. Las obras no se pueden retomar hasta que Emvisesa y el colegio de Arquitectos Técnicos se pongan de acuerdo para nombrar a los sustitutos de los cuatro cesados.

El gobierno municipal restó ayer importancia al tema. El portavoz, Francisco Pérez, replicó que se ha destituido a esas cuatro personas porque su contrato estaba "en situación irregular" y han rechazado regularizarlo. "Se les ofreció regularizar su situación en varias ocasiones y sistemáticamente lo han rechazado", declaró.

Pérez no supo decir cuándo se retomarán las obras. Sólo aclaró que los aparejadores tienen cinco días para reclamar ante su colegio y, por tanto, "formalmente hay que parar las obras unos días para que, en el momento en que se produzca ese periodo de alegaciones, el Colegio de Aparejadores pueda designar una nueva dirección facultativa". Insistió en que han heredado esta irregularidad: "Nuestro criterio ha sido parar unos días las actuaciones para que no se sigan produciendo irregularidades. Lo primero es resolver este problema para poner todo en marcha cuando todo esté en orden, que será en unos días".