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Educación

Padres en pie de guerra por los "recortes" en educación especial

Comedores y actividades extraescolares sin monitores de educación especial, aulas específicas con más alumnos de los que indica la ley, bajas médicas sin cubrir y una espera de hasta tres años para que los equipos provinciales de atención temprana evalúen a los escolares con posibles necesidades especiales. La Plataforma de Andalucía de Atención Temprana denuncia "recortes" e "importantes deficiencias" en el sistema educativo y la "desatención" de los menores de seis años escolarizados que requieren apoyo.

Laura Alvea, una de las madres afectadas, denuncia la situación de uno de los Centros de Educación Infantil y Primaria de Cazalla de la Sierra, donde existe un único monitor de educación especial para nueve niños. Para ella, "no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa", ya que uno de ellos sufre una enfermedad llamada piel de mariposa o piel de cristal, que se manifiesta por la aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel al más mínimo roce o golpe, lo que "requiere la atención exclusiva de un monitor", según aclara esta madre. "Se dan casos de niños que no controlan los esfínteres y que se hacen caca encima porque el monitor no da abasto", puntualiza.

En el colegio de su hijo Álvaro, según señala, hay 45 niños que necesitan apoyo educativo y, de éstos, 32 con necesidades especiales, seis de ellos en aulas específicas - "cuando el máximo es de 5"-, entre ellos su hijo, que sufre autismo. "Para atender a estos 32 niños con necesidades especiales hay sólo un profesor de pedagogía terapéutica (PT), un monitor de educación especial y un logopeda para tres centros escolares", apunta Alvea. Esta madre insiste en que la Junta "no sólo no cubre las bajas de los monitores, sino que además cada vez reduce más la plantilla".

Esta situación, según explica Laura Alvea, está influyendo de manera negativa en el desarrollo de su hijo: "Álvaro no puede ir al recreo al patio de Educación Infantil -sino al de Primaria- y relacionarse con los niños de su edad porque en su aula hay niños de hasta 10 años, los tutores no se hacen responsables y la monitora no puede dividirse en dos". Asimismo, esta mujer se queja de que no todos los centros cuentan con monitores en los comedores y en las actividades extraescolares, lo que "dificulta más aún la conciliación laboral y familiar": "Hay casos en los que el colegio persuade a los padres para que quiten a sus hijos del comedor escolar porque no pueden ser atendidos", denuncia Alvea. "Como la familia no sea peleona, no consigues nada para los niños, aunque les ampare la ley".

En Tomares, las asociaciones de madres y padres de alumnos de diferentes centros se han unido para reclamar los derechos de sus hijos y la mejora de los servicios de los centros educativos, como el CEIP Infanta Leonor, donde, según Alvea, no tienen ni monitor de educación especial ni profesor de pedagogía terapéutica.

Desde Salteras, varios padres denuncian una situación "insostenible". La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha eliminado este curso una de las dos plazas de monitor de educación especial con las que los dos colegios del municipio aljarafeño contaban. Según indica una de las madres del CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar, esta situación ha provocado que la monitora tenga que compaginar su jornada laboral entre los dos centros, lo que imposibilita la atención permanente y adecuada de los niños durante toda la mañana. Asimismo, esta madre, con un hijo con un 37% de discapacidad, asegura que lleva dos años luchando sin éxito para que el colegio de su hijo cuente con un profesor de pedagogía terapéutica (PT). Este medio ha contactado sin éxito con la Consejería de Educación para conocer su versión al respecto.

El protocolo de coordinación entre las consejerías de Salud y Educación para el desarrollo de Atención Temprana aprobado el 30 de marzo de 2015, por otro lado, apuesta por "detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en el desarrollo del menor o en riesgo de padecerlo". Sin embargo, desde la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, su portavoz, Antonio Guerrero, denuncia que los Equipo Provinciales de Atención Temprana, competencia de la Junta de Andalucía, "tardan de dos a tres años" en valorar a los escolares que no proceden de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) y cuyos profesores detectan que podrían tener algún tipo de trastorno o necesidad especial. Este retraso se debe, según Guerrero, a la falta de personal, ya que "sólo existe un equipo por provincia".

En este sentido, profesionales de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana alertan en un escrito de que, "la mayoría de las veces, los Equipos de Orientación Escolar de la Consejería de Educación no valoran a los niños hasta tercero de Infantil" y sólo reciben tratamiento en los colegios desde primera hora los menores que llegan desde los CAIT: "Son tres años preciosos para el tratamiento de niños con retrasos del lenguaje, del habla, de conducta o con retrasos evolutivos leves", según manifiesta una psicóloga del sector.

El nuevo protocolo de la Junta también señala que las actuaciones en Educación son complementarias, no sustitutivas. Sin embargo, hay padres que denuncian que sus hijos de menos de 6 años han dejado de recibir terapias en los CAIT financiados por la Consejería de Salud a través de conciertos tras haber sido escolarizados. En el caso de Laura Alvea, ésta asegura que a su hijo le dieron de baja del sistema por teléfono, sin ninguna valoración clínica previa: "Me llamaron por teléfono desde la Delegación de Salud y me lo comunicaron sin más. No me dieron ningún documento ni nada". Su hijo Álvaro, de 5 años, continúa recibiendo terapia, pero de forma privada, ya no cuenta con la hora semanal subvencionada que tenía hasta ahora.

Más sangrante resulta el caso de Silvia, que ha tenido que negociar una dación en pago de su hipoteca para poder hacer frente a los cerca de 600 euros al mes que le cuestan las terapias, medicamentos y traslados a Sevilla desde un pequeño pueblo rural de la provincia para las consultas médicas de su hijo. El pequeño tiene autismo, mioclonía epilepsia, problemas digestivos y retraso madurativo. A pesar de sus 3 años, el menor tiene una edad mental en torno a los 12 y 15 meses, no habla y sólo hace unos dos meses que comenzó a comunicarse a través de leves sonidos guturales.

Hasta ahora, el pequeño recibía una sesión semanal de 45 minutos en un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) generalista de Utrera de forma gratuita y sus padres pagaban otra terapia en un centro privado por considerar insuficiente la atención financiada por la Junta. En agosto, la terapeuta del pequeño le indicó a su madre que no podía acudir más al centro ya que, tras su escolarización, el menor era ahora competencia de Educación, según relata Silvia, que prefiere mantener sus apellidos y su lugar de origen en el anonimato. "La Junta nos lo está quitando todo", apunta esta mujer. "Ha sido muy difícil plantearle al banco nuestra situación, que ahora se complica porque contábamos con dos años más de terapias subvencionadas". Silvia asegura que hace 18 meses solicitó la ayuda de la Ley de Dependencia pero que aún no ha obtenido respuesta. "Si le quito las terapias a mi hijo, cuál va a ser su futuro".

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