Aunque comparten nombre, los tres agentes que componen el equipo Pegaso de la Guardia Civil poco tienen que ver con el helicóptero de la Dirección General de Tráfico, ese que lleva el super radar capaz de captar cualquier infracción de tráfico que se registre cientos de metros más abajo. Bueno, el nombre tampoco es exactamente idéntico, pues el radar se llama Pegasus y el equipo de la Guardia Civil no tiene el nombre en latín, sino en castellano.

Inspección de una aeronave de una escuela de vuelo en el aeropuerto de San Pablo.

Pegaso, además de un caballo alado, es el acrónimo de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional. Sus componentes, por tanto, se ocupan de vigilar el espacio aéreo y comprobar que cualquier aparato que surque el cielo de Sevilla lo tenga todo en regla. Y, por supuesto, se encargan de la vigilancia sobre los drones, aparatos que se han puesto tan de moda en los últimos años y que se compran como juguetes, pero que en alguna ocasión han llegado a provocar interrupciones en el tráfico de aeropuertos tan importantes como el de Barajas.

El Pegaso de Sevilla tiene su sede en el aeropuerto de San Pablo, donde un sargento y dos guardias civiles trabajan desde el 13 de enero de 2020. La Guardia Civil creó estos equipos en cada una de las provincias españolas debido a las vulnerabilidades del espacio aéreo, tanto en seguridad ciudadana como aérea, terrorismo y crimen organizado. De esta forma, la Guardia Civil se convertía en el cuerpo policial competente sobre el espacio aéreo. El primer equipo de este tipo se había creado en Madrid en 2016. El rendimiento obtenido por el grupo central, durante el año 2019 se impartió un curso con varias jornadas de formación al personal y a principios de 2020 comenzaron a funcionar en las provincias.

Un agente comprueba un aparato en el aeropuerto.

La unidad está orientada a la gestión y administración de un amplio y multidisciplinar abanico de información relativa a aeronaves, operadores, gestores de infraestructuras o prestadores de servicios de navegación aérea, que hasta ahora quedaban bajo un control somero de la seguridad pública. Los Pegaso se encargan de todo lo relacionado con aeródromos, escuelas de vuelo, aeronaves extrajeras, aeroestación, aviación deportiva, drones, servidumbres aeronáuticas y campos de aeromodelismo, entre otras funciones.

Uno de sus cometidos es la prevención, con inspecciones periódicas de las instalaciones y actividades relacionadas con la navegación aérea. Otro es la reacción, con actuaciones rápidas y eficientes ante incidencias relacionadas con este ambito. También se encarga de la investigación de accidentes o incidentes que requieran conocimientos ténicos y de gestionar la información de aeronaves e infraestructuras.

Trabajos en el aeropuerto de San Pablo.

Entre las funciones de los Pegaso también están las de inteligencia, al analizar problemas técnicos que afecten a la navegación aérea y elaborar un censo de aeronaves e infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el aterrizaje y el despegue. La formación, la estrategia para posicionar a la Guardia Civil como un actor relevante en el sector aeronáutico y el establecimiento de prioridades y líneas de dirección son otros de los objetivos.

Por supuesto, entre las funciones más materiales está la de denunciar administrativamente cualquier incumplimiento de las normas de abiación general o el uso indebido de drones, aeródromos privados y aeronaves ultraligeras. El sargento jefe de la unidad considera que son varias las ventajas de contar con una unidad como la suya. En primer lugar, hay una mayor presencia cualificada de la Guardia Civil en el mundo aeronáutico, un área poco explorada por los cuerpos policiales.

Comprobación de documentación.

La unidad está funcionando bien desde sus comienzos, aunque el responsable de la misma admite que los comienzos siempre son duros. “Partimos de la nada, se reciben unas jornadas de formación y de ahí comenzamos a trabajar. Al comienzo, nos planteamos el estudio de una normativa y hasta no dominarla bien en la práctica no pasamos a lo siguiente. Pero una cosa es lo planteado y otra las incidencias que van ocurriendo, que te obligan a pegar un salto de una legislación a otra y es lo que toca”, indica el sargento.

A todo esto hay que añadirle las limitaciones de movimientos entre marzo y junio, acompañadas de publicaciones continuas que afectaban a la navegación aérea. En ese tiempo, los agentes recibieron llamadas continuas de los aeródromos, que preguntaban si se podía volar o no.

Un guardia civil fotografía el interior de una cabina.

Las principales infracciones e incidencias observadas por los agentes del Pegaso en Sevilla están relacionadas con el uso de drones. O RPAS, como se llaman técnicamente. “Este es un factor en auge y antes de su uso hay que comprobar que se encuentra en una zona donde se puede realizar esta operación, aunque su uso sea recreativo. Por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, donde la zona de control (CTR) del aeropuerto abarca toda la capital andaluza, está prohibido el vuelo de cualquier tipo de drones, salvo autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y cumpliendo unos requisitos”.

También se han notificado varias infracciones en aviación deportiva, aunque no todo lo que los guardias han podido observar se ha denunciado después. Primero se suele informar de las irregularidades al infractor y, ya si no las corrige, se procede a denunciar.

Guardias del equipo Pegaso, con una aeronave en San Pablo.

Las multas son muy elevadas. Las infracciones se dividen entre las que cometen los usuarios que vuelan de forma recreativa y las que lo hacen de manera profesional. Entre los primeros, las infracciones leves se castigan con apercibimientos o multas de entre 60 y 45.000 euros. Las graves tienen sanciones de 45.001 a 90.000 euros y las muy graves de 90.001 a 225.000 euros.

En el caso de la actividad profesional, las conductas leves tienen apercibimiento o multa de 4.500 a 70.000 euros; las graves, multas de 70.001 a 250.000 euros y las muy graves desde los 250.001 hasta los cuatro millones y medio de euros. En este capítulo entran todas las infracciones que cometan las entidades colaboradoras de inspección, las compañías de transporte aéreo comercial, las organizaciones de diseño, fabricación o mantenimiento de aeronaves, los proveedores de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios aeroportuarios y los gestores de aeropuertos, aeródromos o instalaciones aeroportuiarias. Las cantidades se pueden incrementar cuando exista un beneficio obtenido de la actividad en la que se han cometido las infracciones.

Un guardia reflejado en la hélice de una avioneta.

En cualquier caso, los agentes recalcan que no están para multar, aunque tengan que hacerlo cuando no quede más remedio. “No vamos persiguiendo notificar infracciones, sino que se realicen las operaciones correctamente, y el que sepa que lo hace mal, no lo haga”.