Pons vincula el caso Mercasevilla con la financiación ilegal del PSOE

El PP denunció ayer en Madrid todos los entresijos del caso Mercasevilla (incluidas las grabaciones del intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza) y aprovechó la ocasión para arremeter contra el PSOE, por considerar que este caso evidencia "que el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía", aseguró.

En rueda de prensa celebrada en la sede nacional de los populares, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, también acusó a la Fiscalía y a la Policia de "tener una actitud de brazos caídos" en este asunto.

Acompañado por Juan Ignacio Zoido (el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla), González Pons agregó que, a la vista de las conversaciones que contienen esas cintas en las que los responsables de la empresa pública Mercasevilla reclaman a dos empresarios el pago de una comisión de 450.000 euros a cambio de una subvención para una escuela de hostelería, el PSOE "incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta de Andalucía para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas".

En su turno de intervención, Zoido acusó a los socialistas de convertir "dinero blanco en negro y dinero público en dinero B" en beneficio de sus propios intereses. Según los populares, las conversaciones ponen de manifiesto que la Junta "cobraba comisiones por todo" y "blanqueaba el dinero a través de fundaciones".

Con la denuncia pública realizada ayer, el PP pretende poner de manifiesto la "doble vara de medir" que la Fiscalía y la Policía tienen para actuar ante indicios delictivos similares dependiendo de quién los protagonice. "El fiscal general del Estado [Cándido Conde Pumpido] no actúa con la misma diligencia y fuerza si detrás está el PP o el PSOE", sentenció Pons, para quien su actuación es de "brazos caídos, al igual que la Policía".

El fiscal general del Estado actúa "a cien por hora si es el PP" y "persigue a los políticos hasta más allá de la línea que marca la presunción de inocencia", pero se "quedan quietos" y "levanta el pie del acelerador" si los afectados pertenecen al PSOE, añadió. "Si estas grabaciones, en lugar de referirse al PSOE, se hubieran referido al PP habría intervenido el fiscal general del Estado, la Audiencia Nacional, habría prisiones incondicionales y gran escándalo periodístico", concluyó Pons.

En las grabaciones del caso difundidas ayer, los periodistas pudieron escuchar cómo el que fuera director de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su director adjunto, Daniel Ponce, explican a los empresarios del grupo La Raza que, de las subvenciones que se reciben -en su caso 900.000 euros- hay de destinar una parte "a donde la Junta en cada momento nos dice".

"La Junta nos dice esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis. Pues serán para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis, y nos imponen una serie de condiciones", asegura en la grabación Ponce, que mantiene que la Administración autonómica "tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: Yo colaboro con quien colabora". En las cintas, uno de los empresarios llama "impuesto revolucionario" a esa colaboración reclamada y, según Ponce, les traería otros beneficios, como subvenciones para los cursos que se puedan impartir en la escuela o la contratación de todos los catering que encargue Mercasevilla y otras empresas públicas.

En respuesta a las acusaciones del PP, el vicepresidente tercero y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, recordó ayer que fue el Gobierno autonómico quien denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades del caso Mercasevilla, en el que están imputados el delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, y los dos ex directivos de Mercasevilla. Chaves pide esperar la sentencia de los tribunales de justicia y se mostró convencido de que la Junta estará a disposición del juez.