La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) cuenta con una partida de 6,1 millones para realizar la reforma por la que se cierra la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra y se remodelará la prisión Sevilla-I (carretera de Torreblanca a Mairena del Alcor) para acoger a estas internas.

En el proyecto de los presupuestos estatales para 2023 figuran 6,1 millones para este plan de reforma. Concretamente para el segundo plan de reformas del centro penitenciario Sevilla I (3,7 millones) y para el segundo plan de reformas del centro penitenciario Alcalá de Guadaíra (2,4 millones).

Según publicó este periódico en noviembre de 2020, las internas pasarán a la cárcel de Sevilla-I o tendrán la posibilidad de solicitar su traslado a otras prisiones que elijan.

La prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra pasará ser el Hospital Psiquiátrico Penitenciario porque el Psiquiátrico de Sevilla sólo cuenta con hombres y las pacientes sevillanas tienen que ir al otro psiquiátrico, el de Alicante. Además, se contará “con más espacio” para el Psiquiátrico Penitenciario, porque las autoridades de prisiones consideran que la cárcel de mujeres de Alcalá está infrautilizada: hay 230 plazas pero sólo hay 70 mujeres, mientras que en el Psiquiátrico de Sevilla hay 158 internos. Otras fuentes apuntan que son unas 90 las reclusas que permanecen en esta prisión.

Este cambio de uso se producirá una vez que concluyan las obras de reforma tanto en Alcalá como en Sevilla-I.

No en todas las prisiones existen módulos para madres. Hasta la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1996, las reclusas podían tener a sus hijos con ellas en prisión hasta los seis años.