Atención a mayores

Residencias solidarias denuncian que la Junta lleva meses sin pagarles por plazas concertadas

  • De sus 137 residencias asociadas en Sevilla y otras provincias andaluzas, más del 80% confiesan estar en una situación económica "grave o extremadamente grave"

  • Algunos centros de Sevilla consultados por este periódico llevan casi tres meses sin cobrar, desde mediados de diciembre de 2020 sin percibir ningún dinero por plaza concertada 

La residencia La Milagrosa, en el Pumarejo, es una de las que pertenece a la asociación Lares.

La residencia La Milagrosa, en el Pumarejo, es una de las que pertenece a la asociación Lares. / José Ángel García

La Asociación Lares, que agrupa a Residencias y Servicio de Atención a los Mayores del Sector Solidario, ha denunciado este lunes a la Junta de Andalucía la asfixia que sufren ante el "abandono" de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, tras "meses sin abonarles nada" pese al esfuerzo de material y personal que están realizando por la pandemia del coronavirus.

La consejería de Políticas Sociales que dirige Rocío Ruiz ha asegurado a este periódico que han empezado a regularizar pagos a los centros, pero el dinero sigue sin llegar a muchas residencias

La situación afecta a Sevilla y a más provincias andaluzas. Algunos centros de Sevilla consultados por este periódico llevan desde mediados de diciembre de 2020 sin percibir ningún dinero por plaza concertada, lo que supone casi tres meses de impagos.

Según concreta la asociación en una nota de prensa, son 137 residencias en la región y más del 80% "confiesan estar en una situación económica grave o extremadamente grave", puesto que la Consejería todos los meses les ingresa una cantidad por las plazas concertadas que ahora no reciben.

En Sevilla y provincia pertenecen a Lares los siguientes centros: la residencia de mayores Claret, asilo de ancianos Hermanitas de los Pobres, La Milagrosa (Pumarejo), residencia de ancianos San Camilo, Sor Ángela de la Cruz, Virgen Macarena, Santísimo Cristo de los Dolores, San Vicente de Paúl, San Juan de Dios, San Eugenio, centro residencial Fundomar (Doña María), Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nuestra Señora de las Huertas, San Inocencio, San Fernando y Santa Elisa, Ave María, Asilo San Andrés, Nuestra Señora de Gracia, Residencia Cardenal Bueno Monreal, Residencia Montetabor, Nuestra Señora de los ángeles, María MIlagrosa, San Rafael, Aincos Unidad de Estancia Diurna, Fundación Nuestra Señora de la Soledad y San José, San Joaquín y Santa Ana, La fontana, Montetabor-Bollullos, Nuestra Señora del Aljarafe, Madre Encarnación y Virgen de las Angustias. 

Acusan a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de que "jamás se ha dirigido a Lares para conocer cuál es la situación de estos centros durante todo el año de pandemia"

La consejería de Políticas Sociales que dirige Rocío Ruiz ha asegurado a este periódico que han empezado a regularizar pagos, que "se siguen regularizando pagos a los centros" y que el problema se ha debido a un trámite presupuestario. Pero el dinero sigue sin llegar a muchas de ellas.

La consejera Rocío Ruiz de Políticas Sociales de la Junta. La consejera Rocío Ruiz de Políticas Sociales de la Junta.

La consejera Rocío Ruiz de Políticas Sociales de la Junta. / EFE

Lares señala que "cuando más falta les hace la comunicación, la cercanía y la ayuda de la administración, se sienten abandonados" por la Junta de Andalucía. "Son las de toda la vida, en muchas de ellas, las religiosas y muchas fundaciones han cuidado durante centenares de años a los ancianos más pobres de nuestros pueblos y ciudades", añade.

Lares lamenta que estas residencias "han cubierto muchísimas bajas de personal, han contratado más personal para atender las nuevas necesidades y han trabajado a destajo"

"Hace falta que pongan al día los pagos y, sobre todo, hace falta incrementar el precio de la plaza concertada y cubrir los gastos de la atención a personas que no pueden pagar el coste de una residencia, las plazas sociales", afirman.

Lares lamenta que estos centros residenciales "han cubierto muchísimas bajas de personal (con el más mínimo síntoma debían dejar de trabajar por si acaso), han contratado más personal para atender las nuevas necesidades, han trabajado a destajo, han tenido que dejar muchas plazas vacías porque los centros estuvieron cerrados y no pueden más", afirman. Acusan a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de que "jamás se ha dirigido a Lares para conocer cuál es la situación de estos centros durante todo el año de pandemia".

En tres ocasiones, junto con otras patronales, han pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que los reciba, que quieren explicarle de primera mano que no pueden más, que hace falta que ahora se ayude a quien siempre ha ayudado, pero "no han sido recibidos".

Para subsistir tuvieron que conveniar muchas plazas con la administración y muchas otras se mantuvieron como plazas sociales para atender a "las personas que se quedaban al borde del camino", como inmigrantes, personas sin empadronar, personas que tienen necesidad urgente y no pueden esperar a que les den su plaza pública... "Atienden a los olvidados por la administración, a los descartados, cuidan a más de 7.500 personas mayores de Andalucía y han luchado con todo lo que tenían contra la pandemia, tratando de salvar el máximo de vidas posibles y paliar el aislamiento y la soledad".

Lamentan que la Junta ha concedido unas ayudas covid para las residencias, "dejando fuera a un alto porcentaje de ellas, especialmente al gran número de plazas sociales que se atienden desde estas residencias", y todo ello coloca a muchas de ellas en una situación insostenible.

Respuesta de la consejería de Políticas Sociales

La consejería de Políticas Sociales que dirige Rocío Ruiz ha asegurado a este periódico que el problema se ha debido a un trámite presupuestario. 

"La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) se encuentra inmersa en el cambio decretado en la Ley de Presupuesto para pasar de una contabilidad financiera a una contabilidad presupuestaria, lo que requiere de un traspaso y carga de información entre sistemas. Ha sido un proceso complejo, pero desde la ASSDA se ha trabajado sin descanso y de forma coordinada con el resto de centros directivos implicados de la Junta de Andalucía y, a fecha actual, podemos afirmar que ya está todo normalizado".

Hace dos semanas en el Parlamento andaluz, a preguntas del diputado no adscrito Nacho Molina, la consejera dijo "que era cosa de unos días la resolución" del problema. No ha sido así.

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