Rivales por el cuidado de los niños

El Parlamento de Andalucía tumbó esta semana la proposición de ley para la regulación de la atención temprana presentada por Podemos y promovida por una plataforma de padres de niños discapacitados y con trastornos del desarrollo. Tras cerca de ocho meses manifestando su apoyo a la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, Ciudadanos cambió de bando y votó en contra junto con el PSOE. "Confía en mí" le dijo la parlamentaria Marta Bosquet al portavoz de la plataforma minutos antes de posicionarse en contra.

Desde el pasado julio, el cuidado de los menores de cero a 6 años con necesidades especiales ha suscitado dos bandos bien diferenciados: por un lado, el PSOE y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi), y, por otro, la plataforma de padres, la Asociación Interprofesional de Atención Temprana (ATAI) y la oposición parlamentaria. Los dos buscan lo mismo: un servicio público, gratuito, universal y de calidad de la atención temprana, pero de diferente manera. Los primeros apuestan por un decreto y los segundos por una ley.

Desde Podemos definen el decreto de la Junta como "un paripé para crear órganos que no son necesarios" y desde la Consejería de Salud destacan que "las leyes están para establecer derechos y el derecho a la atención temprana ya está recogido en el Estatuto de la Autonomía y en la ley de discapacidad".

"La atención temprana no debería ser algo con lo que estemos jugando", señala Esperanza Gómez, parlamentaria de Podemos. "Para nosotros esto no es una baza política para hacer daño. Queremos una ley porque, dependiendo del Gobierno que entre, quiero que esté obligado a cumplirla y si quiere modificarla debe hacerlo con publicidad en el Parlamento, mientras que en un decreto puede introducir cambios por la noche, y por la mañana aparece en el BOJA y no se entera nadie", apunta. "La atención temprana se ha convertido en algo molesto para la Junta por el eco que se han hecho los medios de comunicación".

Tras sacar adelante en septiembre una Proposición No de Ley que pedía, entre otros puntos, la "reubicación de la Atención Temprana en el Servicio Andaluz de Salud" y la "retirada del acuerdo marco" -que desde julio establece un sistema de conciertos para los centros de atención infantil temprana (CAIT) que se basa en el pago mensual de 16,87 euros por cada hora de sesión-, la pérdida del apoyo de Ciudadanos en el debate de la proposición de ley del miércoles supuso un gran revés. "Estamos muy decepcionados, pero volveremos a intentarlo", reconoce Antonio Guerrero, portavoz de la plataforma de padres. "Me extrañó que un día antes no me cogieran el teléfono en Ciudadanos y eso me hizo sospechar. Me esperaba la abstención, pero no que votara en contra", comenta. "Han mercadeado con los niños", añade.

Ciudadanos tomó esta decisión después de que el PSOE le asegurara que el decreto que prepara la Consejería de Salud incluirá un incremento progresivo del presupuesto. Así, según confirma Antonio Pons, coordinador de Atención Temprana de la Junta de Andalucía, este año se incrementarán los fondos en 4 millones de euros, pasando de 11 millones a 15 millones, y así progresivamente hasta alcanzar los 33 millones de euros en 2019, al finalizar la legislatura. Esto permitirá, según señala Antonio Pons, "aumentar la intensidad de las intervenciones de cada niño, regular los CAIT y homogeneizar la situación".

Éste es el primer dato que la Junta ha hecho público sobre la memoria económica del decreto que preparan, que, según Pons, se está tramitando "con carácter urgente para que sea aprobado por el consejo de Gobierno a finales de marzo o abril".

La ausencia de una memoria económica en el borrador del decreto presentado a los diferentes agentes implicados es una de las principales críticas de la plataforma de padres. Desde la Consejería de Salud se defienden alegando que "no pueden hacer pública una memoria económica hasta que el decreto no sea definitivo".

Esperanza Gómez, por su parte, asegura que existen desigualdades territoriales: "Hoy, en función de en qué provincia vivas y a qué centro te deriven y la financiación que éste reciba, puedes tener más o menos terapias incluidas", apunta la parlamentaria. "La Junta lo niega, pero yo soy madre de una niña con Síndrome de Down y lo veo, no me lo han contado. Esto significa que si tu hijo necesita más terapias de las que recibe de forma gratuita, tienes que pagarlas de tu bolsillo y no todas las familias pueden permitírselo".

Otro de los puntos más discutidos es la manera en que los menores acceden al sistema. El decreto de la Junta propone la creación, en una primera fase, de once Unidades de Atención Temprana en toda la región, formadas por profesionales del área de la pediatría y la psicología. Estos profesionales deberán evaluar a los niños derivados por los pediatras de atención primaria en un plazo de 30 días como máximo y asignarles un CAIT en caso necesario. "Necesitamos a alguien con el tiempo suficiente para que en el plazo más corto posible pueda explicar muy bien a las familias qué padece su hijo, qué tipo de tratamiento necesita y por qué se le ha remitido a un centro en concreto", apunta Pons. Hasta ahora eran los CAIT los que valoraban a los menores, pero desde la Junta señalan que este sistema generaba conflictos con las familias cuando existían discrepancias entre los pediatras y los CAIT.

En este sentido, Esperanza Gómez aclara que con estas unidades "se crea una mayor burocratización". "Al final son funcionarios itinerantes que tienen directrices políticas de los que deciden y a los que se les puede ordenar, 'oye, hay recortes, los casos que no veáis extremos no los derivéis', por ejemplo", señala.

La plataforma de padres también defiende que los CAIT formen parte de la cartera del SAS como un servicio externalizado, ya que "el SAS tiene capacidad de endeudamiento y Salud Sociosanitaria, de la que depende ahora, se rige por una partida presupuestaria", explica su portavoz, Antonio Guerrero.

Este colectivo, junto a ATAI, también critica que los niños "a partir de 3 años sean dados de alta en los CAIT y su atención pase a Educación". Estos padres denuncian la falta de recursos en Educación, la "inexistencia de psicólogos, logopedas y fisioterapeutas en los colegios", la imposibilidad de llevar acabo una atención individualizada y que las familias no pueden participar en las terapias dentro del aula.

La Junta niega esta situación y asegura que existe un protocolo de coordinación para los diagnósticos compartidos. "Comprendo esta preocupación, pero las cifras dicen que tenemos un número elevado de niños entre 4 y 6 años en los CAIT". Y matiza: "Hay que tener muy claro que hay que cuidar a los niños pero no tratar por encima de las necesidades".