El servicio de mantenimiento y conservación de los 281 ascensores y dispositivos elevadores (montacamillas, motacargas, plataformas elevadoras, puertas automáticas, barreras de control, etcétera) que funcionan en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la provincia de Sevilla, ha sido adjudicado recientemente a la empresa Zardoya Otis por un importe de 1.254.687 euros y un periodo de 24 meses.

El proceso de licitación de este servicio privatizado en el SAS ha estado marcado los últimos meses por la polémica y por la trágica muerte de la joven madre Rocío Cortés, que perdió la vida en un ascensor en el Hospital de Valme el pasado 20 de agosto, cuando era trasladada a planta tras dar a luz. Las circunstancias que rodearon el fatal desenlace en el ascensor 3 del Valme son investigadas por el juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla. Este ascensor, ubicado en el bloque central del centro hospitalario, permanece clausurado desde el siniestro, a la espera de la decisión judicial. El resto de los ascensores del bloque central del Hospital de Valme (otros dos adaptados para el traslado de camillas y dos más pequeños) continúan funcionando con normalidad, confirman fuentes hospitalarias.

El pliego de condiciones se modificó e incluyó datos concretos sobre el recambio de piezas

La empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de los ascensores en los edificios del SAS en la provincia, desde 2013 hasta hace apenas una semana (Orona), presentó su propuesta para continuar prestando este servicio en el SAS. En total tres empresas fueron admitidas (Otis, Orona y la UTE Welcome-Tecnalux) en la fase final de la convocatoria pública del SAS; y finalmente Otis ha logrado la adjudicación, confirmaron fuentes oficiales del SAS.

Este proceso de contratación para el mantenimiento de los ascensores quedó paralizado el pasado mes de julio a raíz de un recurso especial, que presentó una de las empresas aspirantes, contra los pliegos de condiciones del SAS. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales estimó parcialmente este recurso y el día 14 de julio del pasado año acordó la anulación de los pliegos de condiciones así como una modificación de los mismos.

El tribunal consideró la necesidad de concretar las obligaciones del futuro contratista respecto al suministro y recambio de piezas de los ascensores. El expediente definitivo para la contratación de este servicio asume las consideraciones del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, y en el mismo se especifica de forma más concreta el alcance de los elementos de mantenimiento. En concreto, el pliego establece que "la empresa adjudicataria deberá realizar todas las reparaciones que sean necesarias para subsanar las averías y defectos que se produzcan en todas las instalaciones objeto del contrato, con garantía y eficacia, sustituyendo a su cargo todas las piezas y repuestos defectuosos, incluidos aquellos que por su funcionamiento tengan un desgaste propio u obsolescencia, entre ellos: fusibles, relés, contactores, interruptores, tarjetas de circuitos impresos, lámparas de todo tipo, cables tensores, grupos tractores, poleas, elementos y cuadros de maniobra", entre otros.

La anulación del primer pliego de condiciones, a principios de julio de 2017, se produjo un mes antes de la trágica muerte de Rocío Cortés en el Hospital de Valme. Esta mujer perdió la vida en una camilla al chocar fuertemente con las estructuras superiores del ascensor, que ascendió con las puertas abiertas y con parte de la camilla en el exterior, por causas que se investigan en el juzgado. Una semana antes de estos hechos, la empresa que estaba encargada del mantenimiento de los ascensores en los hospitales, explicó entonces que ese ascensor había superado la última revisión rutinaria.

El importe de partida en la licitación se fijó inicialmente en 1,4 millones de euros y finalmente la puja a la baja del presupuesto ha fijado el precio del servicio en 1,2 millones. Las pujas a la baja en el Servicio Andaluz de Salud son diana de las críticas continua del movimiento Marea Blanca y de los trabajadores, que advierten de que los criterios economicistas son causa de las deficiencias en los servicios públicos.