Un mes después de que la segunda ley antitabaco, la más restrictiva, entrara en vigor, Sevilla se convirtió en la tercera provincia con más denuncias por incumplimiento de la normativa, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Facua reunió en 30 días 70 denuncias ciudadanas, 279 en toda Andalucía. La asociación de consumidores inició entonces una intensa campaña para evitar la ausencia de inspecciones que hubo en Sevilla de 2006 a 2010 con la primera normativa, según denunciaron en su día.

La ley de 2006 prohibía fumar en los centros de trabajo, públicos y privados, salvo que se encontraran al aire libre. Además, establecía que los bares, restaurante y lugares de ocio de más de 100 metros cuadrados deberían diferenciar, físicamente, los espacios para fumadores y no fumadores; mientras que los que no superaran estas dimensiones tenían libertad para elegir si en su interior se podía o no fumar.

La reforma de 2011 añade, entre otros puntos, la prohibición de fumar en todos los locales públicos cerrados, sin excepción. Esto engloba no sólo a bares y restaurantes, sino también a casinos, bingos y salas de juego. La ley conseidera también libres de humos los parques infantiles y no se puede fumar a menos de 200 metros de éstos, de los colegios y hospitales.

Este endurecimiento provocó un gran malestar entre los hosteleros que habían invertido en una reforma de sus locales para separar los espacios sin humo. "Los hosteleros hicieron demagogia con esto porque también sacaron beneficios de la anterior ley, ya que los locales que permitían fumar ganaron clientes en detrimentos de aquellos que no lo permitían", opina Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

En Sevilla, un bar de Los Remedios fue el primer establecimiento denunciado por la Policía Local un mes y medio después de la puesta en marcha de la normativa de 2011. Los agentes municipales sorprendieron a una docena de personas fumando en el bar El Clarín de Triana, en la calle Génova, y levantaron un acta que enviaron, posteriormente, a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, quien impone la sanción.