Sevilla cuenta con seis gasolineras sin personal pese a la prohibición de la Junta

Once años lleva en vigor el Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustible y carburantes en instalaciones de venta directa al público. Ese artículo establece una serie de obligaciones para el titular de las gasolineras, entre las que destaca que "en el caso de habilitarse el sistema de autoservicio en el horario diurno, deberá haber en el establecimiento, al menos, una persona para atender la solicitud de suministro de combustible que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización".

Esta normativa aprobada por la Junta de Andalucía es incumplida por seis estaciones de servicio en la provincia de Sevilla. En Andalucía la cifra se eleva hasta las 55. Estas gasolineras ofrecen el litro de gasolina y gasóleo entre un 10% y un 15% más barato que las convencionales (que suman a sus costes la nómina de la plantilla). A cambio, el cliente tiene que servirse él mismo el combustible y está obligado a abonar el servicio en una maquina habilitada para ellos (con tarjeta o efectivo), sin la ayuda de ningún operario. A lo sumo, pueden recurrir a un teléfono de atención al cliente para resolver sus dudas en remoto. Nada de servicios, tiendas, máquinas de lavado de vehículos ni áreas de descanso. "Es verdad que el combustible es mucho más barato, pero tienen un inconveniente para mis intereses: no me permite pedir una factura para presentarla en la empresa que trabajo", asegura Javier Calvo, que reposta aleatoriamente en algunas de las estaciones de servicio que no cuentan con personal.

Los argumentos en contra de la patronal, consumidores y sindicatos coinciden: vulneración de los derechos de los usuarios, riesgos potenciales de seguridad, impedimentos para las personas con algún tipo de discapacidad, recorte de los puestos de trabajo e imposibilidad de llevar a cabo las inspecciones no rutinarias. "Ya no hay quien controle si se derrama combustible o si el conductor reposta hablando por teléfono móvil o con el motor en marcha", precisan desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Según estimaciones de los dos sindicatos mayoritarios, el sector ha perdido a nivel nacional alrededor de 10.000 puestos de trabajo. Y la sangría continúa. La Asociación de Gasolineras Libres de Andalucía (AGLA) alerta de que todo hace pensar que dentro de pocos meses serán muchas más las que se sumen a la lista, puesto que muchos ayuntamientos no dejan de recibir solicitudes de obra y permiso para este tipo de establecimiento.

Este tipo de servicio ha surgido en los últimos meses en España después de que se aprobara la ley 11/2013, de 26 de julio, que tiene como fin principal el apoyo del emprendedor, el estímulo del crecimiento y la creación de empleo. Esta normativa, en la que se amparan los propietarios de estos establecimientos fantasmas, ha permitido crear estos negocios, que no requieren de una gran inversión para ponerlos en marcha. En su mayoría estas gasolineras están regentadas por pequeños empresarios al margen de las grandes petroleras, pero ni Repsol ni Cepsa pierden ojo a esta realidad emergente. Desde el Gobierno andaluz -que ostenta las competencias en la regulación de las gasolineras- se apunta que estas instalaciones "deben cumplir con el Decreto 537/2004". Desde Consumo se vienen estudiando desde hace tiempo las posibles medidas a tomar para supervisar la proliferación de este tipo de servicio y que los clientes no se vean perjudicados.