El freno a las casas de apuestas es una bandera que viene agitado el grupo Adelante Sevilla desde 2018. Un empeño del concejal Daniel González Rojas, de Izquierda Unida, que ha conseguido ahora meter un nuevo compromiso en el acuerdo que le permitirá al PSOE aprobar los presupuestos municipales y que, de entrada, supone un conflicto jurídico que el gobierno municipal ha querido evitar hasta ahora. 

En concreto, el pacto contempla la continuación del proceso iniciado para limitar estos negocios de juego, una modificación del PGOU donde se fijaron unos criterios que IU veía insuficientes, pues se regulaba que la distancia entre estas casas de apuestas y salones y los centros educativos y espacios frecuentados por jóvenes sería de 150 metros. Rojas, que siempre ha defendido que la distancia debería ser mayor, obliga ahora al Ayuntamiento de Sevilla a plantear la batalla a la Junta de Andalucía.

¿Por qué? El Gobierno autonómico fijó estos límites en una normativa andaluza y advirtió a los alcaldes que habían dado ya pasos para regular este fenómeno que no tenían competencia para ello, algo que se entendió como una amenaza. Algunos ayuntamientos, como el de Alcalá de Guadaíra o Cádiz, ya habían aprobado incluso sus normas municipales y optaron por seguir adelante, pero el de Sevilla, que estaba en pleno proceso aún, optó por buscar un encaje jurídico que salvara esta guerra entre administraciones. La solución, alcanzada in extremis y con la presión de grupos como Adelante, consistió en fijar las mismas distancias establecidas por la Junta de Andalucía en su decreto autonómico, esto es, en calcar la medida y dar por zanjado el asunto cerrando el expediente, algo en lo que se venía trabajando desde el verano.

El acuerdo con IU obligará ahora a seguir adelante y que se incluyan alegaciones que ya presentaron a la modificación del PGOU no sólo para ampliar las distancias de seguridad, también para que la medida afecte a los campus universitarios y a instalaciones deportivas o centros comerciales porque también a esos espacios, no sólo a los colegios, acude con frecuencia la juventud.

El argumento en el que sí coinciden todos los grupos es el de la necesidad de frenar estos negocios que han dado lugar a un problema de salud pública entre los colectivos más vulnerables: jóvenes y residentes en barrios obreros con algo índice de desempleo. Por ello, el gobierno municipal acordó una moratoria de un año, que expiró la pasada primavera, mientras estudiaba la fórmula para poner límites que, finalmente, ha resultado descafeinada a juicio de IU.