Un juicio sin sorpresas. Al menos en lo que se refiere a la investigación de la "mordida", expresión que empleó el fiscal anticorrupción para definir la comisión exigida presuntamente a los hosteleros de La Raza. En las cinco sesiones que se han celebrado hasta ahora, los cuatro acusados han cumplido el guión establecido. No ha habido novedades, aunque unos han defendido su inocencia contestando a todas las partes -casos de Antonio Rivas y Regla Pereira-, mientras que Daniel Ponce sólo accedió a responder a las preguntas de su abogado defensor, Simón Fernández Rebollo, quien en su alegato previo no dudó en acusar al alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, de politizar este caso y de "petardear" el criterio del jurado con las declaraciones realizadas sobre su cliente, al que Zoido definió como el "extorsionador" de Mercasevilla.

El ex gerente del Mercado y principal imputado, Fernando Mellet, tampoco sorprendió en la vista oral, al acogerse a su derecho constitucional a no declarar, tal y como hizo cuando fue imputado por la juez Mercedes Alaya, la instructora de esta causa, de las que se han derivado otros tres sumarios, entre ellos el del escándalo de los ERE fraudulentos. Lo único claro de su negativa a declarar, que el propio Mellet dijo que era una "protesta" ante la vulneración de sus derechos fundamentales, es que el gran beneficiado de esta actitud es el ex delegado Antonio Rivas, a quien se ha abierto la vía para su exculpación puesto que las declaraciones de Mellet en la Policía y en la Fiscalía eran los únicos indicios en su contra, pero éstos no han sido ratificado ante ninguna autoridad judicial, lo que les resta validez de cara a desvirtuar la presunción de inocencia del ex delegado. Rivas fue sentado en el banquillo de los acusados pese a que la propia instructora del caso, Mercedes Alaya, reconoció en alguna de sus resoluciones que los indicios contra él eran débiles.

La declaración del que fuera subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, en las que responsabilizó de forma exclusiva al director general de la petición de la comisión no dejan en buena situación a Fernando Mellet, a pesar de que Ponce intentó quitarle cualquier indicio de ilicitud a la exigencia a los hosteleros porque, según dijo, la cantidad exigida era para "proyectos sociales" de la Junta de Andalucía.

En una situación parecida a la de Rivas se encuentra la directora de Proyectos de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Regla Pereira, quien siempre ha defendido que sólo era una secretaria y que en su presencia nunca se habló de pedir una comisión a los hosteleros, una versión corroborada en el juicio por Ponce. A Pereira le beneficia la grabación de la conversación, que fue escuchada esta semana en la sala -después de que se subsanaran los problemas con el sistema de megafonía-, porque en la misma Mellet explica que el dinero no es para él ni para Ponce, porque si fuera para "repartir entre los cuatro" -en alusión a ellos dos y a los hosteleros- no habría problema.

El juicio se reanudará el próximo lunes precisamente con la declaración de los empresarios, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, que ratificarán que se les exigió un "impuesto revolucionario" o una donación a la Fundación Mercasevilla, ya que ésta fue una de las soluciones o alternativas que los directivos del Mercado les plantearon para justificar el gasto ante el consejo de administración del grupo La Raza. Pedro Sánchez Cuerda declaró además que Ponce le indicó que la entrega del dinero podría hacerse dejando olvidado un maletín en un despacho, modus operandi con el que Ponce quería dejarle claro que el dinero no era para él.

La próxima semana declararán además en el juicio otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que estuvo en prisión por el caso de los ERE.