Aunque hasta ahora los recortes en el capítulo de personal sólo han estallado abiertamente en un conflicto laboral en el Ayuntamiento de Coria -por la propuesta, unilateral y sin excepciones, del gobierno socialista de reducir en un 50% la jornada y el sueldo a todo el personal laboral-, es muy probable que surjan otros. Hay muchos pueblos, con una deuda igualmente elevada en función de la población y el presupuesto real que pueden permitirse, en los que la mayoría absoluta del alcalde o el hecho de que se haya emplazado a la plantilla a una negociación posterior ha retrasado el problema.

Es el caso de Espartinas, donde se da por hecho que los recortes del 40% en los gastos en personal previstos pasarán por reducción y contención salarial y por despidos, más fáciles en una administración pública desde la reforma laboral. Éstos también se han apuntado, más o menos explícitamente en Castilblanco de los Arroyos, en Huévar o en Burguillos, donde se tiene claro que se intentará negociar un acuerdo con la plantilla, que dadas las circunstancias convenga a todos, pero que hay que tomar decisiones en cualquier caso.

En Mairena del Aljarafe, la oposición forzó igualmente al alcalde popular, Ricardo Tarno, a negociar con los representantes del personal del Ayuntamiento los ajustes para aprobar el plan, dado que el PP no tiene mayoría absoluta. El compromiso con el comité de empresa -que ya calentó el ambiente con una manifestación antes de las elecciones autonómicas- fue que el ahorro que hay que hacer de 2,5 millones de euros al año en el Capítulo I del presupuesto no pasaría ni por despidos -se habían previsto unos 40, según CCOO- ni por privatizaciones o "externalización de servicios", en el término políticamente correcto, que, según la previsión de los sindicatos, iban a afectar a otros 150 miembros de la plantilla actual.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no quisieron confirmar si hay algún municipio, además de Coria, que no haya presentado en el plazo fijado los planes de ajuste, confirmaron que en estos casos y tal y como se había previsto en el desarrollo del decreto ley 4/2012, que regula el plan de pago a proveedores, a partir de junio se le comenzará a retener la Participación en los Ingresos del Estado, los dos primeros años será sólo para intereses, que se combinarán con capital a partir del tercero, lo que implicará que, sin plan de ajuste, los recortes tendrán que ser igualmente drásticos.