Los tres bomberos sevillanos que fueron detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos por la Guardia Costera Griega cuando trabajaban como voluntarios de la asociación Proem-AID solicitarán la mediación al Gobierno de España. La intención de los imputados es informar al Gobierno central de su situación "para que tenga constancia de primera mano"; y conseguir representación de la Embajada española en Grecia en el propio juicio, si se llegase a celebrar, para "contar con garantías y que no se repitan algunas situaciones de cierta indefensión a la que ya hemos hecho frente", según explicó a Europa Press uno de los bomberos, Manuel Blanco.

Además, Blanco insistió en que se les acusa de tráfico de personas "cuando lo que hacemos es salvarlas y, precisamente, ese día -el de la detención- no rescatamos a ninguna". Blanco recordó que el próximo día 24 serán recibidos por algunas autoridades en el Parlamento autonómico. También se reunirán esta semana con europarlamentarios, que ya les mostraron su apoyo. Blanco apuntó que hay una petición, admitida a trámite, ante el comité de peticiones del Parlamento Europeo, en la que se solicita cambiar el artículo 1.2. de la directiva europea 2002/90/EC, que hasta ahora recoge que "los estados miembros podrán decidir no imponer sanciones a la conducta en el caso de que el objetivo sea prestar ayuda humanitaria a la persona que se trate".