Casi 17 millones de euros. Se trata de la cantidad que las arcas locales dejaron de ingresar el año pasado al aplicarse las distintas bonificaciones vigentes para el principal tributo de la Administración municipal: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El grueso de este importe -hasta un 82%- obedece a las deducciones impuestas por la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El total de beneficios fiscales, incluyendo los que se aplican en otros impuestos del Ayuntamiento, ascendieron el pasado ejercicio a 23.714.822 euros.

Por tanto, de estas bonificaciones, las que proceden del IBI suponen el 70%, lo que evidencia la importancia de un tributo que es esencial para los servicios locales. Dentro de estas deducciones, como se mencionó antes, la mayor parte procede de las fijadas por la ley estatal, que se elevan a 13.730.646 euros. Se trata de exenciones totales de las que se benefician varias administraciones, la Iglesia y organismos.

El acuerdo con el PP y C's supone dejar de ingresar seis millones por la bajada del IBI

Dentro de este gran grupo se encuentran, por un lado, todos los inmuebles que son propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente relacionados con la seguridad ciudadana, los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Gobierno central sujetos a la defensa nacional. También están exentos los bienes inmuebles de la Iglesia católica, según lo previsto en el acuerdo firmado entre el Estado y la Santa Sede en 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. La ley estatal contempla, de igual modo, a los edificios de la Cruz Roja Española, los de los gobiernos extranjeros destinados a la labor diplomática o consular y los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en ellos que presten un servicio indispensable para su funcionamiento, sin incluir los dedicados a hostelería o comercio.

A estos 13,7 millones hay que sumar los 24.581 euros que resultan de la exención de la que se benefician aquellos inmuebles urbanos que, al aplicarse las distintas bonificaciones, la cantidad de IBI a pagar (cuota líquida) es igual o inferior a 6 euros, así como los inmuebles rústicos en los que dicho importe sea de 12 euros.

A esta lista de exenciones la Administración suma otro listado de bonificaciones que ha ido aumentando con los años. En primer lugar está el 70% de deducción a los edificios donde se desarrolla la promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación (siempre que no excedan de tres periodos impositivos). Esta aplicación ha supuesto para el Fisco local que el año pasado dejara de ingresar 11.979, 27 euros. Aún mayor es el porcentaje (del 90%) si el caso antes descrito recae en una cooperativa inmobiliaria o en una promotora pública. No obstante, el pasado año no se registró ninguna solicitud con tales características.

Dibujo de Rosell

Las VPO gozan de una reducción del 50% en la contribución en los tres años impositivos siguientes a la obtención de esta calificación. En 2017 dicha bonificación supuso un ahorro total para muchas familias de 67.485 euros. Acabado este periodo, por decisión del Ayuntamiento, las viviendas que se encuentran en tal régimen cuentan con tres años en los que el pago del IBI se reduce un 30%, lo que ha supuesto una disminución de medio millón de euros en los ingresos del impuesto.

También al gobierno local obedece que quienes habiten pisos sociales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y de Emvisesa sólo paguen un 5% de la contribución, un mínimo porcentaje que ha repercutido en 6.000 inmuebles donde se han ahorrado 1.369.730 euros. Esta rebaja constituía uno de los propósitos del equipo de Espadas, que en la campaña electoral de 2015 se comprometió a dicha reducción, con lo que se da respuesta a una demanda de décadas. Por su parte, las bonificaciones para familias numerosas (de las que se han beneficiado 3.000 hogares con tres hijos), han alcanzado los 628.711 euros.

Los inmuebles ocupados por organismos públicos cuyo fin es la investigación gozan de un 95% de reducción, lo que equivale a una exención de 388.406 euros, mientras que los edificios con aprovechamiento de la energía solar tienen un beneficio fiscal del 5%, lo que a la postre supone una rebaja de 6.352 euros.

Resultan de gran interés estas cifras tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Espadas y el PP para sacar adelante los Presupuestos de 2018, que establece una rebaja del 5% en el cobro del IBI. La reducción incluye el 3% propuesto por Ciudadanos y el 2% de los populares, por lo que se renuncia a dejar de ingresar seis millones de euros, cantidad a la que hay que añadir las bonificaciones que están vigentes y que suponen un merma considerable en la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos.