El Cachulo, un preso muy peligroso, intenta estrangular a un funcionario de la cárcel de Morón

Rafael F. R., el Cachulo, ha vuelto a protagonizar un episodio violento, esta vez en la cárcel de Sevilla-II, en Morón de la Frontera. Este delincuente, natural de Málaga, fue uno de los primeros beneficiados por la Ley del Menor. En el año 2000, mató a puñaladas a Manuel Lara, un hombre que le había recriminado que vejara a su novia en un bar de la barriada malagueña del Palo. Veinticinco años después del asesinato, el Cachulo cumple condena por otros delitos y sigue siendo peligroso en prisión.

La tarde de este viernes, atacó brutalmente a un funcionario del módulo 14 de la citada prisión. Se trata de un módulo para internos con problemas mentales. El Cachulo, obsesionado con la idea de que algún preso o funcionario lo iba a violar, abordó sorpresivamente por la espalda al empleado público. Le rodeó el cuello con ambas manos e intentó estrangularlo, al tiempo que profería amenazas de muerte y frases como "tú no me vas a violar a mí, te voy a matar". Así lo denunció este sábado el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip.

Además del estrangulamiento, el funcionario recibió varios puñetazos durante el forcejeo. Finalmente, éste logró zafarse gracias a sus conocimientos de defensa personal y a la rápida intervención de los jefes de servicio y más compañeros. Sufrió lesiones en la zona cervical, dorsal, lumbar e irritación de la garganta, compatibles con el estrangulamiento, y tuvo que ser derivado para recibir atención hospitalaria. Acaip recuerda que los conocimientos en defensa personal los adquirió por iniciativa propia fuera del ámbito de la administración.

El sindicato también detalla que existe una orden de la Subdirección de Seguridad vigente, en la que se alerta sobre la cantidad de incidentes regimentales cometidos por este interno. En dicha orden, la dirección del centro pide que las salidas del reo se hagan de forma telemática, evitando la interacción con los funcionarios. También se establece la necesidad de realizar informes diarios sobre el comportamiento del interno.

Pese a que en los informes realizados por los funcionarios del módulo se advirtió la inadaptación del interno, éste se encontraba ubicado en un módulo de personas con trastornos mentales (Paiem), que es atendido por un solo funcionario. Esto evidencia, según Acaip, "una preocupante incoherencia a la vista de la peligrosidad prevista en dicha orden de seguridad y los informes elevados por los funcionarios".

Recuerda la organización de funcionarios que el agresor fue uno de los primeros casos que puso en cuestión la Ley del Menor tras cometer un asesinato especialmente violento. El 14 de mayo de 2000, cuando contaba con apenas 17 años, apuñaló por la espalda en siete ocasiones a Manuel Lara, un hombre que se había limitado a recriminarle su actitud vejatoria hacia una mujer.

El ataque ocurrió mientras el Cachulo se encontraba de permiso del centro de menores de Sevilla, donde cumplía condena por otros delitos. Tras el asesinato, intentó manipular su situación legal ingiriendo estupefacientes para simular un estado alterado, y se entregó horas más tarde. La brutalidad del crimen conmocionó a la sociedad malagueña y supuso un punto de inflexión en el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

Acaip recuerda también que, el pasado 8 de julio, una psicóloga del mismo centro sufrió una agresión sexual por parte de otro interno que, por sus características, no se encontraba bien clasificado por una orden del equipo directivo. Esta mala separación interior sigue poniendo en riesgo a los trabajadores del centro, tal y como se ha evidenciado con el nuevo ataque sufrido por un funcionario en la tarde de este viernes.

El pasado mes de mayo fue detenido tras agredir a una comerciante tras robar un zumo. Ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre, pero fue trasladado a Morón de la Frontera tras una pelea con otro preso.

El sindicato reclama la revisión del sistema de clasificación interior y ubicación de presos peligrosos, el desarrollo urgente de un nuevo protocolo de agresiones, el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad y la asunción de responsabilidades por parte de la dirección del centro penitenciario.