VERÓNICA tiene 23 años y una hija que ha pasado su primer año de vida en un piso de 50 metros junto a otras ocho personas y algunos cuantos meses más en un cuarto de azotea por cuya puerta se colaba el frío que le provocaba neumonías a la niña. Hasta que hace un par de semanas decidió ocupar, junto a otras cinco familias en situaciones parecidas, algunos de los más de cien pisos vacíos que la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, mantiene desde hace meses en Nuevo Amate, una barriada construida sobre los cascotes de lo que antes fue Regiones Devastadas. Allí, con un colchón y algunas garrafas de agua, pasaron unos días hasta que decidieron hacer pública una decisión que habían adoptado con miedo y con la intención de acaparar los focos y alguna ayuda por parte de las administraciones. ¿Y para esto último hay que vulnerar la ley y dar una patada a una puerta ajena?

Cuando la desesperanza se torna en desesperación, ésta lo puede todo. Así piensan estos ocupas y, seguro, muchos ciudadanos que comprenden a Verónica y a sus vecinos. Pero esto no puede ser una carta blanca para actuar al margen de normas que están escritas y para cumplirse. Tampoco para alentar estas ocupaciones y aprovechar el drama social para hacer política y pervertir una protesta ciudadana y legítima, como ocurre con los movimientos que hay detrás de algunas corralas.

Los ocupas de Nuevo Amate son simplemente gente joven que ha perdido ya toda su esperanza y se resiste ahora a perder la tutela de sus hijos porque éstos tienen padres y están atendidos. Sólo les falta un techo digno donde vivir y, hasta ahora, aseguran que no han encontrado el cauce para hallar la ayuda que prometen los políticos. Son seis familias que viven al límite, como el 20% de los más de 20.000 vecinos de Tres Barrios, que subsisten en una situación de paro, envejecimiento, abandono y desamparo social más que preocupante. Seis historias con nombres y apellidos que no son precisamente los del 15-M, aunque este movimiento se interesara por la ocupación tras hacerse pública.

Quizás, por pensar que detrás de la acción había algo orquestado, la orden de las autoridades fue cercar con policías los bloques, hasta el punto de provocar quejas por acoso que ya han sido admitidas a trámite por el propio Defensor del Pueblo andaluz. Resulta también paradójico que esta institución actúe ahora y, según denuncian los ocupas, no haya respondido antes a las cartas de auxilio que les han remitido.

Nuevo Amate, por ahora, no es Gamonal. Pero allí queda un centenar de pisos convertidos en peligroso reclamo. Las corralas defienden la resistencia y no abandonan los inmuebles ocupados sin soluciones negociadas. Estas familias salieron por decisión propia de los pisos de Emvisesa nada más recibir la notificación del juzgado que los citaba como imputados por un delito de usurpación, asustadas por las consecuencias de haber cometido algo malo y deseosas de que el Ayuntamiento de Sevilla retirase la denuncia y, sobre todo, las escuchara. Hasta la fecha aseguran que no han recibido ese trato esperado y que siguen buscando refugio con familiares o en hostales, lo que se contradice con las declaraciones del propio alcalde y el gobierno que, desde que estalló el conflicto, han remitido a las familias a las oficinas de Emvisesa, donde, al parecer, no había constancia de los papeles y solicitudes que algunas de ellas mostraban.

Al margen de cuál sea la verdad -que existe, pero en este espacio no se trata de señalar ni a unos ni a otros-, algo que sí es cierto es que el problema, antes que policías, requería asistentes sociales. O, al menos, más agentes municipales sobre el terreno capaces de detectar las emergencias y sofocar estallidos como éste. Los hay, pero algo ha fallado para que no lleguen.

La actuación firme del Ayuntamiento de Sevilla quizás pretendió dar un toque serio de atención, recordar que la ley está para cumplirla. Bien hecho y efectivo. Pero no se puede quedar ahí. Ya no hay ocupas, pero sigue habiendo sevillanos necesitados.

Si algo ha sobrado es también el debate político. El alcalde no debería escudarse en que la culpa de la lentitud con la que se adjudican estos pisos es de la Junta de Andalucía y de los trámites que marcan sus leyes. Y lo hace y se indigna, en público, por las declaraciones de los partidos de la oposición, que hasta hace dos años gobernaron y que hoy urgen soluciones al gobierno local. No debería hacerlo porque, por mucha razón que pueda tener cuando dice que Juan Espadas, siendo consejero del PSOE, ordenó 63.000 desahucios o que en el último mandato de Monteseirín y Torrijos se ejecutaron 33 desalojos, a los inquilinos todo ello les suena a excusa barata, a política que no sirve para resolver sus problemas que no son nuevos, de hace dos años, pero que necesitan solventar hoy, 2014, siendo alcalde Zoido.

Por ello, todos estos argumentos son difícil de admitir. Sobre todo, cuando hay un stock de más de 400 viviendas vacías en la capital, entre VPO y pisos sociales, y casi 18.000 demandantes inscritos que no entienden de colores y confrontación política. Zoido dijo el viernes que Emvisesa sigue trabajando para resolver los problemas de la vivienda de los sevillanos, pero ya anunció hace muchos meses que estudiaba convertir las VPO en venta en viviendas de alquiler y todavía no se ha resuelto nada. Ni está la solución ni se le espera en vistas a la difícil situación financiera de la empresa (aquí hay otro poblema). Y también se llegó a un acuerdo, reclamado por la oposición, para crear una unidad específica para atender a familias que, cumpliendo todos los requisitos para acceder a un piso social, urgen ayuda y siguen a la espera de una respuesta municipal.

Quizás estas medidas habrían evitado el caso de Nuevo Amate, cuyos inquilinos insisten en que no quieren "un piso de gratis", sino un alquiler social que nunca llega. Que la desesperanza no vire a desesperación debe ser un reto del Ayuntamiento, el primer escalón de la Administración con el que se topan los ciudadanos.