Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, Feuso Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados, continuarán los próximos días con acciones de movilización en contra de la Lomloe (La denominada Ley Celaá), dentro de una campaña nacional que, bajo el eslogan de “Más Plurales, Más libres y Más iguales”, pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma.

Con tal motivo, se ha decidido que el miércoles 18 de noviembre, a las 11:30, en las puertas de cada centro educativo y guardando las medidas de seguridad, una representación de la comunidad educativa (familias, equipos directivos, profesores, PAS y alumnos) y de espaldas a la calle se guarden dos minutos de silencio en contra de esta ley. A continuación, una persona leerá el manifiesto elaborado por la plataforma a nivel nacional en contra de la Lomloe.

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la Ley Celaá, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico.

Por la forma, porque esta norma aleja la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento. "No es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza", explica la plataforma.

Según los representantes de la concertada y privada, "la Lomloe supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas". "Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos", añade.