El Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha condenado a un gorrilla que ejerce esta actividad de aparcacoches ilegal de forma habitual en las inmediaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en la barriada de Bami, al pago de una multa de 40 euros por haber insultado y amenazado a la presidenta de la asociación de vecinos Bami Unido, Laura Baños.

Esta líder vecinal, que representa a uno de los sectores más castigados en la ciudad por el fenómeno de los gorrillas, explicó a Europa Press que ha denunciado hasta en dos ocasiones a este mismo gorrilla, al cual pretende que se le imponga una orden de alejamiento, lo que supondría que este individuo tendría que abandonar la barriada de Bami por mandato judicial para no coincidir con la víctima.

Los hechos por los que este aparcacoches ilegal fue denunciado se produjeron cuando la presidenta de la asociación le recriminó su actitud al abordar en reiteradas ocasiones a una pareja que acababa de aparcar en las inmediaciones del hospital Virgen del Rocío, con el propósito de que le pagaran por haber estacionado su vehículo.

El gorrilla reaccionó con gran violencia verbal contra Baños, a la que insultó con varias obscenidades. La continuación de este incidente se produjo cuando, posteriormente, comprobó que el individuo se encontraba esperándola en el portal, y días más tarde también la siguió hasta un bar, llegando a amenazarla de muerte.

Durante el juicio, la presidenta de la asociación no precisó de ninguna declaración testifical más allá de la suya propia. "Primero declaró que no me conocía, luego ya cambió y dijo que no creía haberme insultado, y el juez encontró bastante más contundente mi declaración que la suya", aseguró Laura Baños.

La presidenta de la asociación de vecinos Bami Unido, colectivo que se ha erigido con el paso de los años en referencia de la lucha contra los gorrillas, se congratuló de que las autoridades hayan sido capaces de localizar a esta persona a pesar de las dificultades para identificar a este colectivo, en el que suele abundar la figura de los sin techo.

El pasado mes de noviembre ya trascendió que la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla había cobrado la primera multa a un gorrilla, de 30 euros, por ejercer su actividad en las calles de la ciudad desde que se aprobó en 2008 la ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía de la convivencia ciudadana.

La instalación de un nuevo programa informático ha permitido la tramitación de los procedimientos sancionadores por ejercer una conducta coercitiva o de acoso o por ofrecer un lugar para aparcamiento en el espacio público a conductores con la intención de obtener un beneficio económico, no siendo una persona autorizada.