Ahora que el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha vuelto a decretar por segunda vez el archivo de la causa abierta por la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar, creo que es bueno recordar algunas de las cosas que se dijeron con el fin de intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a la dignidad e integridad de los funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía que participaron en este proceso (recuerdo especialmente a María José Asensio), y que lo hicieron con profesionalidad, honradez y respeto a la legalidad. Con el fin, también, de que no permanezca en el olvido el perjuicio a miles de trabajadores de una zona deprimida por el retraso en la puesta en marcha de una actividad generadora de empleo. Y también, por qué no, para exigir responsabilidades a quienes por intereses espurios se empeñaron en manchar el nombre de Andalucía.

Desde la denuncia que presenta en los juzgados la empresa perdedora del concurso, a principios de marzo de 2015, pasando por el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), hasta el auto del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en mayo de ese mismo año, en el que son detenidos e interrogados trece funcionarios y cargos de la Junta, se desata una auténtica campaña de ataques contra el Gobierno que presidía Susana Díaz -no hay que olvidar que se encontraba en funciones tras la elecciones del 22 de marzo de 2015-, con la pretensión de influir en la campaña electoral y, posteriormente, impedir la formación de gobierno, una vez que el PSOE-A resultó claro vencedor de esos comicios.

Queda demostrado que los ataques contra responsables políticos eran injustificados

En esa campaña de acoso llegó a participar la entonces vicepresidenta del Gobierno de España -"quien se refirió en todo momento a Susana Díaz como la presidenta no investida (…)" (Abc Andalucía 15-05-15)-. También lo hizo la entonces ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (y siempre ausente de Andalucía), señora Tejerina.

Otro protagonista de esta persecución fue, por ejemplo, Antonio Maíllo, que en un arrebato de pureza casi mística y como si de un tutor moral se tratara afirmó sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar: "El PSOE vuelve a las andadas cuando se le deja solo". El líder de IU de Andalucía no sabe estar solo y por eso busca refugio en otras formaciones, tras dilapidar el legado que otros le dejaron. Otro que utilizó este asunto para atacar y, sobre todo, como pretexto para obstaculizar la formación de gobierno en Andalucía fue el señor Moreno Bonilla. Pero en su caso no hay que alarmarse ni preocuparse: lo suyo es crónico, lo hace siempre.

Con la acusación de escaso rigor y oscurantismo se intentó poner en entredicho el trabajo de más de una decena de funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía en todo lo relacionado con el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Falta de rigor que se atacó desde la investigación realizada, por mencionar sólo dos aspectos, aunque se podrían citar más, con el argumento de que se le "habían sisado de forma grotesca" puntos a la empresa perdedora del concurso. Y, también, con un informe de un perito del CSIC (ornitólogo) que concluyó tras analizar 6 folios del plan de aguas del proyecto minero, proyecto que contaba con más de 3.000 folios, que la valoración efectuada por los técnicos de la Mesa de Contratación no se había hecho de forma correcta. En fin, con tan escaso bagaje se pretendía abordar la investigación de un procedimiento caracterizado por su gran complejidad técnica y jurídica.

El reproche de oscurantismo se disuelve con solo explicar que la guardia civil, a través de la UCO, ha analizado 124.012 correos electrónicos de los cargos de la Junta vinculados al concurso minero y no consta que haya apreciado favoritismo alguno. A todo ello habría que añadir el examen pormenorizado de todo el expediente administrativo del concurso. Creo que no sería una exageración afirmar que estamos ante una de las adjudicaciones más diáfanas y transparentes de la historia de la Administración Pública española.

Finalmente ni prevaricación, ni tráfico de influencias, ni cohecho, ni ninguna conducta delictiva ni irregular en el comportamiento de los que participaron en este procedimiento. Eso sí, sufrimiento y dolor para todos, sus familias, sus compañeros y amigos. Ataques injustificados, como ha quedado demostrado, contra ellos y contra los responsables políticos que estaban al frente de la Administración regional.

Un reputado periodista andaluz, Juan M. Marqués Perales, escribió por aquellas fechas que "con el revival minero Susana Díaz se juega la credibilidad y la UDEF, también". No sé si eso era así, hoy habría que darse por satisfecho si por boca de los que atacaron la honorabilidad de los afectados por toda esta triste historia se pronunciaran palabras de arrepentimiento y de disculpas. Creo que no las escucharemos. Al menos espero que esta decisión judicial nos haga a todos más responsables.