El portavoz adjunto de Adelante en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas, reclamará al gobierno municipal que ponga fin al expediente de regulación temporal de empleo (Erte) en Tussam.

González Rojas señala que ante el levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma, “es de vital importancia conjugar un cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y una mayor frecuencia del transporte público conforme se vayan retomando las principales actividades productivas”.

“Si queremos que se mantenga la necesaria distancia de seguridad en Tussam, será necesario que se amplíe la oferta de autobuses al máximo”, ha aseverado, pues actualmente rige un aforo máximo en los autobuses, según las dimensiones de cada modelo.

El portavoz adjunto señala que fomentar el autobús evitará que los que tienen que ir a trabajar tenga que coger el coche privado, “con el consiguiente aumento de la contaminación y la pérdida de un espacio público que ahora más que nunca, por salud, necesita el peatón”.

El edil de Adelante propone así “renovar contratos temporales y realizar nuevas contrataciones desde la bolsa de empleo, para ir ampliando el número de vehículos en uso hasta llegar al máximo posible, mejorando la actual oferta y aumentando la frecuencia de paso”.

Por otra parte, también ha mostrado su preocupación por los repartos de mascarillas en Tussam, "pues durante los primeros días de la fase cero del plan de desescalada se repartieron solo en las principales paradas y hoy la tónica ha sido la misma". Por ello, señala el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, el gobierno local debe aclarar cómo se garantizará que todos los viajeros de Tussam cuenten con mascarillas.

González Rojas, en este sentido, lamenta que "este gobierno municipal parece más preocupado por cuándo y dónde convocar a los medios para que el alcalde haga un reparto de mascarillas que realmente en solucionar este problema cotidiano al que tienen que enfrentarse muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

González Rojas también reclama al gobierno de Juan Espadas información "respecto a la situación de los usuarios y usuarias que, teniendo en vigor una tarjeta bonificada o de precio reducido, no han podido utilizarla al haber visto restringido sus desplazamientos", tratándose de personas mayores, estudiantes y desempleados "que han pagado su tarjeta y no han podido usarla". Para ellos, reclama una "compensación".