La Guardia Civil ha detenido a cinco directivos de una empresa de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos de Aznalcóllar. También se investiga a dos trabajadores de la misma empresa.

Se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales.

Según informó este martes el instituto armado en un comunicado, la operación Raecash comenzó hace tres años a raíz de una información del Seprona relacionada con traslados transfronterizos de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar con destino a la empresa investigada.

La Guardia Civil ha constatado la posible falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado. De esta manera, incrementaban los beneficios económicos, que según la investigación ha podido superar el fraude de 16 millones de euros en los últimos años.

La empresa investigada acapara la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía. Los residuos supuestamente reciclados son aparatos como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y sobre todo, los conocidos como termos eléctricos -cuyo aislante posee el citado gas- que en el caso de no recuperarlo, se emite directamente a la atmósfera.

La emisión de estos gases es especialmente perjudicial para la capa de ozono, además del riesgo que conlleva tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.

Además de los gases refrigerantes, el Seprona ha detectado la falta de tratamiento de otros tipos de residuos considerados muy peligrosos, cuya manipulación podría haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de la empresa, además de provocar daños en el medio ambiente.

Según un informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera, valorado en aproximadamente 8 millones de euros en los años investigados.

Tras la finalización de su vida útil, los residuos que se producen de los aparatos eléctricos y electrónicos -denominados RAEE-, necesitan de un tratamiento para su correcta eliminación, sufragado por los productores de electrodomésticos (fabricantes). Esta gestión es canalizada a través de los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor), organizaciones sin ánimo de lucro, que financian a los gestores de residuos que realizan el citado tratamiento.

En las inspecciones que ha realizado el Seprona, se ha podido comprobar la falta de control e incorrecto tratamiento de los denominados RAEE, cuya normativa vigente, insta a su reutilización.

El juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor se ha hecho cargo del caso y no se descartan nuevos implicados en otras provincias de Andalucía.