Miguel López Lora, un inversor de la empresa Contsa, en la que depositó 484.380 euros, ha ampliado su denuncia en la vía penal contra el presidente de la sociedad, José Salas Burzón, al que acusa ahora de un delito de falsedad documental por no haber incluido la totalidad de su crédito en el proceso concursal abierto a raíz de la suspensión de pagos.

El inversor, que compareció ayer en rueda de prensa junto a su abogado, Juan de Dios Ramírez, explicó que Contsa sólo ha reconoce en el concurso de acreedores el 12% de su crédito, lo que representa unos 60.000 euros, y aseguró que ha llegado el momento de "desmontar esta farsa".

Según este afectado, que también considera que Salas Burzón ha podido incurrir además en un delito societario y otro de estafa, el número total de perjudicados supera con creces las 609 personas y entidades que Contsa ha incluido en el listado oficial de acreedores presentado en el juzgado de lo Mercantil, que tramita la suspensión de pagos. La propia intermediaria financiera ha reconocido que los afectados ascienden a unos 1.200, pero según Miguel López en realidad se han visto perjudicados más de 2.000 inversionistas, una cifra que le indicaron en su día algunas secretarias de la corporación Contsa.

El inversor animó al resto de acreedores que no figuran en el concurso abierto por la juez de lo Mercantil a que aporten sus contratos. De hecho, cada día acuden al juzgado de lo Mercantil una media de entre 10 y 15 personas, de las cuales el 90% descubren con sorpresa que sus nombres no figuran en el listado oficial de acreedores de Contsa. Esto no significa que no puedan personarse en el proceso, ya que la juez ha dado un plazo de 30 días -que aún no ha comenzado a contar oficialmente- a los afectados para que comuniquen a los administradores concursales las deudas que Contsa tiene con ellos.

El abogado del denunciante, Juan de Dios Ramírez, constató que muchos de los inversores no aparecen en la lista, mientras que "aparecen como acreedoras varias sociedades de Contsa Corporación Empresarial, como Contsa S. L., Contsa Patrimonio y Sociedades, y Contsa Abogados, a las que se les debe algo más de dos millones de euros" de los 49,4 millones en que se cifra la deuda en el juzgado de lo Mercantil.

Miguel López y su letrado revelaron que en una reunión celebrada el 9 de enero en la sede de Contsa y ante unos 90 inversores, el presidente de Contsa afirmó que la empresa estaba sufriendo una "inspección de Hacienda", por lo que no podía pagar los intereses, ya que era mejor no mover el dinero en esas circunstancias. Salas insistió en la versión que viene ofreciendo desde entonces respecto a que la corporación tiene patrimonio suficiente para devolver los depósitos.

Previamente a esa reunión, a finales de diciembre, Contsa realizó una ampliación de capitales y transformó a un grupo de inversores en accionistas de la entidad.