La adjudicación de viviendas sociales se paraliza en plena crisis económica. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido suspender este trámite para introducir mejoras en la normativa actual y traspasar esta competencia de la Delegación de Urbanismo a la de Asuntos Sociales y Familia, que se hará cargo de las tres solicitudes pendientes de resolver. Actualmente hay 29 inmuebles de estas características vacíos en la capital andaluza, una cifra que se reducirá a 24 tras las cinco entregas que se realizarán hoy.

Dicho aplazamiento se aprobará en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo que se celebra este miércoles, lo que supondrá dejar sin efecto la normativa sobre adjudicación de viviendas en régimen de alquiler temporal para mayores, establecida en agosto de 2006, y la de emergencia social, de junio de 2008. Esta decisión se toma tras hacerse eco este periódico de que el 61% de los pisos sociales del corral de la Encarnación, en Triana, se encuentran vacíos, pese a que se abrió el pasado verano para acoger a personas con escasos recursos económicos. Además, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento denunció en días pasados que haya 30 viviendas sociales vacías mientras que existe una lista de espera para lograr uno de estos inmuebles de 15.000 sevillanos.

El Ayuntamiento, por su parte, justifica la suspensión en las "deficiencias" detectadas durante la aplicación de la actual normativa, lo que provoca "situaciones no deseables en derecho", como la falta de concreción de unos cupos definidos para cada una de las necesidades de viviendas o de requisitos claros y específicos para acceder a ellas. A esto se une la necesidad de que las valoraciones sobre los fines y destinatarios del parque social de viviendas sean tomadas conforme a "criterios únicos", de ahí que a partir de ahora la competencia recaiga en un solo órgano de gestión que controlará la Delegación de Asuntos Sociales y Familias, que estará integrado, además de por personal de dicha área, por técnicos de Urbanismo y de Emvisesa. El gobierno de Zoido considera que este "travase" de competencias se debe a que el procedimiento a seguir es más "acorde" con el cometido desarrollado por el departamento que dirige Dolores de Pablo. En este sentido, recuerda que hasta 2004 -cuando se constituyó la oficina técnica de asesoramiento al inquilino en situación de abuso (Otainsa)- era Asuntos Sociales quien se encargaba de los realojos en función del inventario de Urbanismo.

La paralización del trámite coincide con la adjudicación en el mismo consejo de gobierno de cinco viviendas del parque social, tres de las cuales son regularizaciones de la situación de tres familias que permanecían ocupando unos inmuebles en precario. Dos de estos pisos se encuentran en la calle Pagés del Corro (Triana), y el resto en las calles Tucumán (distrito Cerro-Amate), Cristo del Buen Viaje (Centro) y Traviesa (San Jerónimo). Al margen de estas solicitudes ya resueltas, se encuentran otras tres en procedimiento que ahora tramitará Asuntos Sociales.

Pese a que la suspensión se produce en un momento en el que numerosas familias se encuentran en la calle al no poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler, el Ayuntamiento no ha concretado la duración de esta situación. Fuentes municipales sólo detallaron a este periódico que se prevé un plazo máximo de dos meses para que la nueva normativa entre en vigor. Esta paralización ha suscitado las quejas del Grupo Socialista, que criticó este aplazamiento en una época con numerosos desahucios. Los socialistas, además, se hicieron eco de algunos de los nuevos criterios que introducirá la futura normativa.

Uno de ellos será que los mayores de 65 años tendrán que vivir solos y demostrar que no cuentan con ningún familiar que pueda acogerlos para ser solicitantes de un piso. También cambiará el tiempo de permanencia en los inmuebles para personas con necesidades sociales, que pasará de un máximo de cinco a uno, y la exigencia de que las circustancias económicas por la que atraviese el futuro inquilino sean "coyunturales".

El PSOE también advierte que la normativa de los populares "abre la puerta" a que los alquileres que se paguen superen el 5% de los ingresos de las familias, que era el "tope" establecido hasta ahora. Para los socialistas, esta condición agrava la situación económica de los ocupantes, que en la mayoría de las ocasiones no superan 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.