Educación

La crisis de las escuelas rurales: la Junta descarta el cierre de los 17 centros en Sevilla

  • Educación asegura que se “negocia” la mejora de la calidad de la enseñanza en estos centros

Dos alumnos de la escuela rural existente en El Madroño. Dos alumnos de la escuela rural existente en El Madroño.

Dos alumnos de la escuela rural existente en El Madroño. / D. S.

La Junta de Andalucía no cerrará ninguna de las 17 escuelas rurales existentes en la provincia de Sevilla. Así lo han asegurado fuentes de la Consejería de Educación y Deportes después de la polémica suscitada estos días en Granada ante la posible clausura de estos centros en los que estudian niños de diversas edades, desde Infantil hasta el segundo curso de la ESO.

Ante la alarma de que tal medida se lleve a cabo en otros puntos de Andalucía, el departamento que dirige Javier Imbroda ha asegurado que “no hay previsión de cerrar ninguna escuela rural, sino que vamos a continuar realizando esfuerzos para mantenerlas abiertas, pese al descenso del número de alumnos matriculados en ellas”. En este punto, Educación confía en contar “con la implicación de las demás administraciones públicas”.

El Gobierno andaluz recuerda que este curso se han aplicado “medidas proteccionistas” en este tipo de centros. “La defensa de esta red tan sensible es una prioridad y se demuestra con hechos”, aseguran desde la Consejería de Educación, que recuerda que, pese al descenso de 1.000 alumnos en las escuelas rurales andaluzas, se ha “reforzado” la plantilla docente con la contratación de 114 maestros.

El departamento de Imbroda no sólo hace balance de la gestión realizada en este tipo de centros, que suelen estar ubicados en municipios alejados de la capital y con poca población, la denominada España vacía, sino que también vuelve la vista atrás para recordar las reducciones aplicadas durante los años de gobiernos socialistas en Andalucía: 317 docentes menos entre 2016 y 2018 y el cierre de 321 unidades públicas en las escuelas rurales (184 en el curso 2017/18).

Siete aulas menos

Educación hace hincapié en que la merma de aulas en el presente curso sólo ha sido de siete en toda la comunidad y ello pese a la notable bajada de alumnos, debido al descenso demográfico que sufre la provincia desde que estalló la crisis económica. También destaca el aumento del servicio de comedor en colegios con tales características.

Según la Junta, lo que se negocia ahora con la comunidad educativa y el equipo directivo de estas escuelas –proceso que ha generado la polémica– es una “mejora” en los centros denominados semi D, es decir, aquéllos que a las etapas de Infantil y Primaria suman los dos primeros cursos de Secundaria (hasta los 13 años).

Lo que la Administración autonómica ha planteado hasta ahora es aumentar la calidad de atención al alumnado. “Estamos analizando cada situación y cada pueblo. Hay que tener sensibilidad para entender la situación de cada uno. Eso es lo que hacemos junto a familias y claustros de profesores. En función de lo que se acuerde en dicho diálogo, actuaremos”, aseguran desde la Consejería de Educación.

Estas negociaciones se incluyen en el proceso iniciado por el Ejecutivo andaluz para unir centros de Primaria y Secundaria. “Este análisis de situación no es producto de ninguna ocurrencia. Se plantea a partir de las inquietudes de las familias y profesores. Parte del diálogo con la comunidad educativa”, añade.

La ANPE, contra el proyecto Ceipso

Se trata, en suma, del denominado proyecto piloto Ceipso, que ha generado bastantes críticas tanto por la federación de AMPA públicas Fampa Nueva Escuela como por los sindicatos. La última en oponerse a esta medida ha sido la ANPE, que en un reciente comunicado ha exigido a la Consejería de Educación “la negociación urgente” de la iniciativa, ya que, según sus representantes, “se está impulsando a espaldas del profesorado, sin haber pasado aún por la mesa sectorial”.

“La enseñanza pública no necesita de experimentos como éste”, asegura la ANPE, que alerta de que la creación de centros pilotos Ceipso “no va a resolver ninguno de los problemas del sistema educativo andaluz”. Por el contrario, este sindicato opina que provocará una disminución de cargos directivos, reducciones de plantilla y desplazamientos.

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