Una de las principales fuentes de ingresos de las arcas de cualquier municipio se ve amenazada con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el método de cálculo del impuesto de la plusvalía municipal. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, la eliminación del tributo comprometería 30 millones del presupuesto de la ciudad para 2022. Desde el gobierno socialista solicitan una solución urgente al Estado para seguir cobrando la tasa sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

“Es evidente que hay que buscar una solución urgente a esta cuestión, que nos preocupa mucho”, comentó ayer Juan Espadas antes de advertir del inconveniente que generaría en los presupuestos del año que viene, que se encuentra en la fase de alegaciones de los distintos partidos de la oposición tras contar con el dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS). El alcalde socialista reconoció que “no es descartable que de manera muy muy breve, de manera urgente”, el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto para la modificación de la Ley de Haciendas Locales, trabajada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la que “dar cobertura constitucional a lo que el Constitucional dice que no lo tiene”, en alusión a un comunicado emitido por el Gobierno central al conocerse la sentencia del Constitucional. “La nueva Ley de Haciendas Locales debe acelerarse y ver la luz lo antes posible”, remarcó Espadas. La intención es que los ayuntamientos puedan seguir cobrando este impuesto, un “instrumento” clave para prestar los servicios públicos.

En el gobierno socialista sostienen que su primer paso consistirá en leer la sentencia en su integridad para localizar los términos de aplicación. Con todo, quedará a la espera de la decisión que tome el Ministerio de Hacienda al entender que no es un problema que sólo afecte a Sevilla. Lo único claro ahora mismo en la delegación de Hacienda es que, de confirmarse la anulación del método de cálculo del impuesto de la plusvalía municipal, el margen es reducido, ya que sólo se podría toca el gasto no elegible, que son todos aquellos que no son necesarios para la ejecución del presupuesto.

La decisión del Tribunal deja a los ayuntamientos en una situación de “vacío normativo” que impide seguir cobrando la plusvalía, partida con la que “contábamos” en los presupuestos municipales que están ahora en elaboración para su aprobación. La solución tiene que ser pues “urgente” porque “hasta que no esté aprobada la modificación” de la Ley “no podemos cobrar”, comentó el alcalde antes de llamar la atención sobre el hecho de que “la respuesta del Gobierno de España ha sido inmediata”, recordando que el documento está “muy avanzado”, de forma que se “acelerará” el proceso para que las Cortes Generales lo puedan “respaldar” cuanto antes. Este tributo es directo, lo gestionan los ayuntamientos y lo pagan aquellos contribuyentes que venden, donan o heredan una vivienda. El tributo grava la revalorización de los terrenos urbanos sobre los que está construida una vivienda desde el momento de la compra hasta su traspaso.

Uno de los primeros casos que se dieron en la ciudad fue el de Carmen Martínez Bordiú. El Consistorio tuvo que devolver la plusvalía pagada por la venta de un inmueble en el barrio de Santa Cruz. Así lo recogía un fallo emitido el 16 de abril de 2020 del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo. El tribunal entendía que la venta de la casa propiedad de la nieta de Franco en Sevilla no le supuso una ganancia. La finca fue adquirida en el año 2005 por 1.748.975 euros, según escritura pública, y se vendió en marzo de 2012 por 1.540.000 euros.

Juan Espadas: "Es evidente que hay que buscar una solución urgente a esta cuestión”

La anulación del método de cálculo del impuesto de la plusvalía municipal afecta a todas las ciudades. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, avanzó ayer que una vez que se publique la resolución del Tribunal Constitucional (TC) se analizará su contenido para “tomar una decisión” sobre “quién se tiene que hacer cargo de las pérdidas de recaudación” causadas y volvió a urgir una reforma legislativa que permita restablecerlo. Después de indicar que esta sentencia “anula todo el mecanismo de cálculo” del impuesto, lo que supone que “no se pueda aplicar”, el también alcalde de Vigo advirtió de la “inseguridad jurídica” que conlleva esta situación, que “afecta a los ciudadanos” e implica “un muy fuerte deterioro” de las finanzas municipales, que cifró en 2.500 millones de euros anuales.

En este sentido, recordó que sentencias anteriores “obligaron” a algunos municipios, como el de Vigo, a optar por sistemas de cálculo de la plusvalía “más conservadores” y apuntó que, de media, “todos” aplicaban una tasa situada en torno al 30%. Abel Caballero también resaltó que “un número importante de ayuntamientos” no aplicaron este impuesto, que era efectivo “en la mitad de ellos”, incluidas las grandes ciudades. En todo caso, recalcó que “todo es provisional hasta que se conozca la sentencia en detalle” y garantizó que, “tan pronto” como se publique, la junta de gobierno se reunirá para “tomar sus propias decisiones de demanda para las administraciones” y dará a conocer su posicionamiento al respecto.

El TC declaró inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de haciendas locales que establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de los mismos, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de dicho incremento.